El libro 'El M-19: De la guerra a la política', del profesor universitario Jaime Rafael Nieto, continúa generando controversia en Medellín debido al escenario judicial que enfrenta el alcalde Federico Gutiérrez por haber ordenado la cancelación de su presentación el pasado 21 de abril.
Incidente de desacato contra el alcalde
El Juzgado 47 Penal Municipal abrió un incidente de desacato contra el mandatario, al determinar que aún no ha cumplido una tutela que lo obligaba a reconocer la vulneración de derechos como la expresión y la participación política con la decisión que había tomado. Aunque la justicia ya había fallado a favor del accionante Santiago Alarcón, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de parte de Federico Gutiérrez. Por ello, en la nueva decisión se le otorgaron tres días hábiles, que vencen este 9 de junio, para que entregue las explicaciones pertinentes frente a los hechos y solicite las pruebas que pretenda hacer valer en el trámite.
Postura del alcalde sobre la cancelación
En su momento, el alcalde sostuvo que la decisión de no permitir la presentación del libro en un sitio como la Biblioteca Pública Piloto respondía al cumplimiento de la ley de garantías en el marco de la campaña por la primera vuelta presidencial. "Un espacio abiertamente político. Frente al tema ya de la posición, de lo que quieren reescribir, de lo que quieren hacer en el relato, que lo hagan, mire, ¿quién lanza el libro? Láncelo del otro lado, en otro lado, pero ¿por qué tienen que seguir utilizando los espacios públicos, donde están los niños, donde están las familias, donde está todo el mundo, para que, básicamente, todo el mundo, entonces, vaya alrededor de su relato", destacó el mandatario.
Consecuencias del incumplimiento
Si bien hasta ahora no se conoce una respuesta oficial de parte del incidentado sobre el trámite, inicialmente la tutela fallada obligaba a que el alcalde, en los mismos términos que se pronunció para cancelar el evento, aclarara y reconociera la vulneración de los derechos exigidos a manos de la institucionalidad. En caso de incumplir con el incidente de desacato, el alcalde de la capital antioqueña podría verse expuesto a sanciones económicas, arresto o incluso procesos disciplinarios bajo las responsabilidades que caben a un servidor público de su naturaleza.
Este caso ha generado un amplio debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de espacios públicos para eventos políticos, así como sobre el papel de los funcionarios públicos en la garantía de los derechos fundamentales. La comunidad académica y diversos sectores políticos han manifestado su preocupación por las implicaciones de esta decisión judicial, que podría sentar un precedente en la protección de la libertad de expresión en Colombia.
