La Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo que marca un precedente en el debate sobre los límites entre una conducta reprochable y un delito penal. El alto tribunal absolvió a una mujer que había sido condenada por tentativa de extorsión tras exigir 200.000 pesos colombianos a cambio de devolver un teléfono celular que encontró en una estación de TransMilenio.
Los hechos del caso
Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2018, cuando una mujer perdió su teléfono Samsung S7 Edge mientras viajaba en un articulado de TransMilenio con destino al Portal 80. Tras intentar localizar el dispositivo sin éxito, decidió bloquear la tarjeta SIM y el equipo. Al día siguiente, recibió una llamada de una mujer que afirmaba haber encontrado el celular y ofrecía devolverlo a cambio de 200.000 pesos.
Ambas acordaron reunirse en un centro comercial de Bogotá para realizar la entrega. Sin embargo, la propietaria del teléfono informó previamente a la Policía. Durante el encuentro, las autoridades capturaron a dos personas, entre ellas Wendy Camila Flórez Rodríguez, quienes posteriormente fueron procesadas y condenadas por tentativa de extorsión en primera y segunda instancia.
Decisión de la Corte Suprema
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema revocó las condenas al considerar que la conducta de la acusada no cumplía con los elementos necesarios para configurar el delito de extorsión. Según el tribunal, aunque la exigencia de dinero es cuestionable y contraria al principio de solidaridad, no se acreditó que la mujer hubiera utilizado intimidaciones, amenazas o presiones para doblegar la voluntad de la propietaria del celular.
“Es más, que en este caso la reconocida como víctima decidiera comunicarse con la Policía Nacional tampoco prueba la ocurrencia de la extorsión”, señaló la Corte en su decisión. El fallo agregó que la petición económica no estuvo acompañada de advertencias sobre posibles consecuencias negativas ni de actos destinados a generar temor o restringir la libertad de decisión de la afectada.
Para los magistrados, tampoco existió evidencia de que la acusada hubiera amenazado con destruir, vender o apropiarse definitivamente del dispositivo si no recibía el dinero solicitado. La Corte fue enfática en aclarar que condicionar la devolución de un objeto perdido al pago de una suma de dinero no es una actuación aceptable, pero precisó que el derecho penal solo puede intervenir cuando se cumplen estrictamente los elementos que la ley exige para configurar un delito.
Precedente legal
La decisión se convierte en un precedente sobre los alcances del delito de extorsión y la necesidad de demostrar que existió una amenaza real o una presión capaz de afectar la libertad de decisión de la víctima. La Sala de Casación Penal absolvió a la mujer y dejó sin efectos la condena impuesta por los jueces de instancia.
Este caso resalta la importancia de distinguir entre una conducta moralmente reprochable y un delito penal, y subraya que el derecho penal debe aplicarse con estricto apego a los elementos legales que configuran cada tipo penal.
