En un giro significativo dentro del proceso que enfrenta el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022, dos de los tres congresistas encargados de la investigación radicaron formalmente un salvamento de voto que solicita vincular al mandatario al proceso y llamarlo a indagatoria. La decisión, tomada por Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, fue presentada ante la secretaría de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, a menos de 15 días de que finalice el período legislativo.
Detalles de la radicación
Este miércoles 3 de junio, la postura de ambos parlamentarios quedó formalmente registrada, contraponiéndose a la propuesta del congresista Alirio Uribe, también del Pacto Histórico, quien había sugerido inhibir al presidente. La investigación, que lleva a cabo un triunvirato de representantes, ahora deberá ser votada por los 18 miembros de la Comisión de Acusación en pleno, posiblemente la próxima semana. Si no se alcanza una decisión en esta legislatura, los nuevos congresistas que asumirán el 20 de julio tendrán que retomar el caso.
Postura de Arizabaleta y Carrillo
Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes representan al Pacto Histórico y al Partido de la U respectivamente, solicitaron formalmente la vinculación de Gustavo Petro al proceso mediante una indagatoria, amparados en el Artículo 336 de la Ley 600 de 2000. En el documento de salvamento de voto, conocido por SEMANA, se enfatiza que se debe garantizar al investigado el pleno derecho a la defensa, incluyendo su derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. Entre las razones esgrimidas destacan el cheque de 500 millones de pesos que Fecode entregó a la campaña como préstamo, lo cual, según los congresistas, constituye una violación a las normas que prohíben a las organizaciones sindicales realizar aportes a campañas presidenciales.
Irregularidades detectadas
El salvamento de voto también señala una triangulación de recursos a través de Fecode hacia Colombia Humana, luego a Ingenial Media y finalmente a testigos electorales, descrito como un mecanismo de ingeniería financiera para ocultar el origen real de los fondos y evadir el reporte a Cuentas Claras. Además, se menciona la operación de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), donde se habrían alterado facturas para reportar valores menores a los reales. Según la Comisión, los montos ocultados ascienden a 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y 962 millones en la segunda. Otro punto crítico es el aporte de 600 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera (USO), aprobado entre el 8 y 9 de junio de 2022, que no fue registrado en el sistema Cuentas Claras, lo que configura una omisión deliberada de información contable.
Nuevas pruebas y próximos pasos
Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta solicitaron nuevas pruebas, incluyendo información de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre operaciones sospechosas relacionadas con la campaña. También pidieron compulsar copias a la jurisdicción ordinaria penal contra algunos implicados y comunicar a la Contraloría General y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales sobre la apertura de esta investigación. La votación en la sala plena podría ser pública, permitiendo que el país conozca la posición de cada representante. El escenario actual no favorece al presidente Petro, quien enfrenta un proceso que podría extenderse más allá de la actual legislatura.
