La Procuraduría General de la Nación ha vuelto a intervenir en el debate sobre el futuro del sistema de recolección de basuras en Bogotá. El ente de control llevó a cabo una mesa de seguimiento con entidades distritales y nacionales para revisar los avances del esquema de aseo que opera actualmente en la capital y evaluar posibles ajustes que garanticen la continuidad, cobertura y calidad del servicio para los ciudadanos.
Preocupación por el servicio de basuras
Según informó la Procuraduría, el encuentro tuvo como objetivo verificar el estado actual del esquema de aseo, revisar las medidas adoptadas por las entidades responsables y analizar posibles ajustes para evitar afectaciones en la prestación del servicio. La entidad ha venido realizando seguimiento desde 2025, cuando advirtió que la falta de claridad sobre el nuevo modelo de recolección podría generar riesgos para sectores vulnerables y zonas de difícil acceso. En ese momento, el Ministerio Público alertó que más de 400.000 habitantes podrían verse afectados si no se garantizaba una transición adecuada. El principal interés del organismo de control es evitar interrupciones en un servicio que diariamente debe recoger cerca de 6.400 toneladas de residuos producidos por los bogotanos.
¿Qué ocurre con el sistema de recolección?
La discusión gira en torno al modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), esquema mediante el cual Bogotá divide la ciudad en cinco zonas y asigna a un operador específico la responsabilidad de la recolección, barrido y limpieza en cada una de ellas. Este sistema funciona en la capital desde hace más de tres décadas y opera actualmente a través de cinco concesionarios privados. Sin embargo, los contratos firmados en 2018 llegaron a su fecha de vencimiento a comienzos de 2026, lo que abrió un intenso debate sobre si Bogotá debía pasar a un esquema de libre competencia o mantener el modelo actual.
Durante varios meses existió incertidumbre sobre el futuro del servicio debido a diferencias entre el Distrito y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad encargada de autorizar los cambios regulatorios. No obstante, la posibilidad de una transición abrupta generó preocupación entre autoridades, organismos de control y expertos en servicios públicos. Finalmente, la CRA expidió un régimen transitorio especial que permitió prorrogar los contratos actuales hasta noviembre de 2027. La decisión evitó que Bogotá tuviera que migrar de manera inmediata a un modelo de libre competencia y dio tiempo adicional para diseñar un nuevo esquema de operación.
La medida también respondió a órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la protección de los recicladores de oficio, quienes podrían verse afectados por modificaciones abruptas en el sistema de aprovechamiento de residuos. Aunque la continuidad del servicio quedó garantizada, la discusión sobre el modelo ocurre en medio de una problemática que sigue siendo visible para miles de ciudadanos. La acumulación de residuos en espacio público, los botaderos ilegales, el manejo de escombros y los llamados puntos críticos continúan siendo algunos de los principales retos del sistema.
Avances y desafíos
Según cifras reportadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la ciudad logró reducir los puntos críticos de acumulación de residuos de 622 en 2024 a 469 en 2025. Sin embargo, las autoridades reconocen que el problema persiste en varias localidades y requiere intervenciones permanentes. La mesa de seguimiento realizada por la Procuraduría muestra que el debate sobre las basuras está lejos de cerrarse. Durante los próximos meses, la ciudad deberá definir cómo será el esquema que operará después de noviembre de 2027, cómo se financiará, qué papel tendrán los recicladores y qué mecanismos se implementarán para evitar que reaparezcan los problemas que han generado quejas ciudadanas en distintos sectores de la capital.
Por ahora, el mensaje de las autoridades es que no habrá interrupciones en la recolección de residuos, pero la Procuraduría mantendrá la vigilancia sobre un servicio que sigue siendo uno de los más sensibles para la calidad de vida y la salud pública de Bogotá.
