Mientras los cartageneros enfrentan su tercera semana de racionamientos por parte de Aguas de Cartagena, en un hecho político e institucional sin precedentes que redefine el modelo de gobernanza de los servicios públicos en el Caribe colombiano, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció de manera categórica la ruptura total de relaciones con el operador multinacional Veolia y la firma Aguas de Cartagena (Acuacar).
La drástica determinación, motivada, según el mandatario, por una “pérdida absoluta de confianza y una crisis sistemática en el suministro de agua potable”, viene acompañada de una hoja de ruta jurídica que promete arrebatarle el control del servicio a los privados y constituir una nueva empresa pública distrital que asuma la regencia del acueducto y el alcantarillado.
Anuncio histórico ante el Concejo Distrital
El histórico anuncio del alcalde Dumek Turbay fue emitido formalmente ante el Concejo Distrital, el primero de junio, en el marco de la conmemoración de los 493 años de la fundación de la ciudad. Con un discurso de alta carga política, el mandatario local sepultó cualquier posibilidad de extender el actual contrato de operación con Veolia y Aguas de Cartagena, al cual le restan ocho años de vigencia, con vencimiento en el año 2034.
“La ciudad no puede hipotecar su agresivo desarrollo inmobiliario y urbano a una gestión privada que somete al abuso, maltrata a la gente y no le dice la verdad a los cartageneros”, sentenció el burgomaestre cartagenero.
La parálisis del desarrollo urbano y presuntas 'mentiras' en el servicio
La declaratoria de hostilidades jurídicas por parte del Palacio de la Aduana es el resultado de un acumulado de desatenciones y fallas técnicas que alcanzaron su punto de no retorno con el anuncio de la empresa Aguas de Cartagena de racionamientos que esta semana completan su tercera fase, dejando sin el líquido vital de manera escalonada a las tres localidades.
De acuerdo con el análisis del ejecutivo distrital, el rezago estructural que padece la ciudad es la herencia directa de los cuatro años anteriores a su llegada, un periodo calificado por Turbay como "desastroso y carente de planes o proyectos de envergadura".
La gota que rebosó la copa fue el manejo de la actual crisis del agua y las recurrentes interrupciones del servicio, justificadas por la empresa operadora bajo eufemismos técnicos.
“Las palabras que estoy manifestando están soportadas en los mensajes que me ha dado la ciudadanía cartagenera. Racionamientos que no son razonables, sino suspensiones; paradas técnicas que no son paradas técnicas, sino suspensión del servicio. No nos vamos a seguir sometiendo al abuso de una empresa que al final es un tercero”, fustigó con dureza el alcalde Turbay Paz.
La administración distrital advirtió que la parálisis del operador privado pone en jaque el “boom de desarrollo turístico, urbano e inmobiliario que experimenta Cartagena en todos sus estratos socioeconómicos”. Para el mandatario, expandir el servicio de agua potable y saneamiento básico de forma inmediata es una condición innegociable; de lo contrario, se pondría en riesgo el futuro competitivo de la capital de Bolívar ante el mundo.
Salvaguardar el 50% de las acciones públicas
Consciente de los complejos pleitos legales que suscita la terminación anticipada o la modificación unilateral de un contrato de concesión de esta magnitud, el alcalde Turbay Paz reveló que el equipo jurídico de la alcaldía lleva semanas estructurando las acciones legales de manera "sabiamente estudiada". El objetivo primordial es disolver la operación actual sin poner en riesgo el patrimonio de los cartageneros, el cual se encuentra representado en el 50% de las acciones de Aguas de Cartagena, hoy bajo el control operativo de Veolia.
El argumento central del Distrito ante los tribunales se basará en la inviabilidad de esperar el cumplimiento natural del contrato hasta el 2034 ante el evidente deterioro de la infraestructura y el presunto incumplimiento de las necesidades en la prestación del servicio vital a los ciudadanos.
“Se perdió la confianza, no hay manera de tener tranquilidad frente a una ciudad que reclama el precioso líquido y el gobierno entregando esa responsabilidad a un tercero que no puede ofrecer esa confianza”, afirmó Turbay.
La alcaldía sostiene que la prometida nueva planta de potabilización en el sector de El Bosque nunca fue socializada ni puesta formalmente sobre la mesa de planificación distrital, un hecho que impidió que fuera incluida como una de las banderas del Plan de Desarrollo actual. El gobierno local denunció que la administración se enteraba de los colapsos operativos a través de las protestas ciudadanas, los bloqueos de vías y los portales informativos, y no por canales corporativos oficiales.
Un modelo público en alianzas con grandes capitales
El paso inmediato anunciado por el mandatario Dumek Turbay será la radicación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital durante el presente periodo de sesiones ordinarias. “Vamos a someter a debate y aprobación la creación formal de la nueva Empresa Pública de Servicios Públicos de Cartagena, diseñada específicamente para asumir el control y la regencia del agua y el alcantarillado”.
Frente al histórico dogma económico de que la gestión privada es inherentemente superior a la estatal, Turbay Paz fue enfático en señalar que los hechos reales en el territorio demuestran lo contrario. Para blindar la operación de la nueva entidad desde su nacimiento, el alcalde confirmó que ya ha sostenido conversaciones al más alto nivel con mandatarios de otras grandes capitales de Colombia que operan con éxito sus propias empresas públicas de acueducto.
El nombre del socio de experiencia que acompañará a Cartagena en este proceso de transición técnica e institucional será revelado en el transcurso de la presente semana, sostuvo Turbay Paz.
Con las cartas sobre la mesa y un Concejo Distrital llamado a dar un debate histórico, Cartagena inicia un camino urgente hacia la apropiación y administración de sus recursos hídricos. Una decisión que promete modernizar el negocio de los servicios públicos en la región Caribe y que busca, de manera perentoria, alinear las decisiones del gobierno local con el clamor de una ciudadanía cansada de abrir el grifo y encontrar el vacío de las promesas incumplidas.
