La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exdirectora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Carmen Lucy Espinosa Díaz, por su presunta participación en irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de prestación de servicios suscrito durante 2025 con la actriz y exreina Yeimi Paola Vargas.
Detalles de la imputación
La decisión fue adoptada por una fiscal de la Seccional Bolívar, que le atribuyó los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Durante la audiencia, la exfuncionaria no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.
El caso se relaciona con un contrato de prestación de servicios firmado por el IPCC en marzo de 2025 por un valor de 55 millones de pesos y una duración inicial de nueve meses. Según la investigación, la contratación se habría realizado a la exreina cartagenera con base en documentación que no cumplía los requisitos exigidos por la entidad.
El contrato bajo investigación
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, la contratista Yeimi Paola Vargas Gómez habría presentado un título técnico que resultó ser falso, documento que le permitió acceder a una mejor clasificación dentro de la tabla de honorarios establecida por la entidad. Las indagaciones apuntan a que ese certificado académico fue utilizado para acreditar una formación que no correspondía a la realidad, situación que habría generado un beneficio económico superior al que le habría correspondido recibir.
La Fiscalía sostiene que la entonces contratista logró ubicarse en una categoría salarial más favorable gracias a la documentación aportada durante el proceso contractual. Aunque el contrato contemplaba una ejecución de nueve meses, fue liquidado de mutuo acuerdo en agosto de 2025, es decir, varios meses antes de su vencimiento. Según el expediente, durante ese proceso de liquidación no quedaron registradas observaciones relacionadas con las presuntas inconsistencias detectadas posteriormente.
Lo que encontró la investigación
El ente acusador indicó que el material probatorio recopilado por la Unidad de Administración Pública permitió establecer, de manera preliminar, que la hoy exdirectora del IPCC presuntamente conocía las irregularidades asociadas al documento presentado por la contratista. La investigación también involucra a Jovanny Bustos Cortés, quien para la época de los hechos era contratista del instituto y, según la Fiscalía, habría contribuido a la materialización de la conducta investigada.
Las autoridades judiciales consideran que la utilización del documento presuntamente falso permitió que la contratista recibiera recursos públicos que no le habrían correspondido bajo las condiciones reales de su perfil académico. En ese contexto, la Fiscalía estimó que el posible detrimento patrimonial alcanzó los 8.647.500 pesos.
Dinero fue reintegrado
Uno de los aspectos relevantes del caso es que, según informó la Fiscalía, la contratista involucrada devolvió los recursos que presuntamente recibió de manera indebida. Sin embargo, el reintegro del dinero no implica el cierre automático de las investigaciones ni elimina las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos analizados por las autoridades.
Expertos consultados en materia de contratación pública han señalado en diferentes procesos similares que la devolución de recursos puede ser considerada dentro de las actuaciones judiciales, pero no necesariamente extingue la acción penal cuando existen posibles conductas relacionadas con falsedad documental o afectación al patrimonio público.
Proceso sigue en etapa judicial
La imputación constituye una fase inicial dentro del proceso penal y no representa una declaración de responsabilidad. Corresponderá a la Fiscalía sustentar sus acusaciones en las siguientes etapas judiciales y a la defensa controvertir las pruebas presentadas.
El caso adquiere relevancia en Cartagena por tratarse de quien fue la máxima autoridad del IPCC, entidad encargada de liderar políticas culturales, patrimoniales y artísticas en la ciudad. Por ahora, la investigación continúa en manos de la Fiscalía, mientras los jueces deberán determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una eventual acusación formal y un juicio.
La decisión también vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de verificación documental utilizados en la contratación pública y los controles internos aplicados por las entidades estatales para evitar que certificados académicos falsos sean utilizados para acceder a recursos públicos.
