Australia conmemora este jueves seis meses desde la implementación de la ley que prohíbe el acceso a las principales redes sociales a menores de 16 años. Esta medida pionera ha inspirado iniciativas similares en países como Indonesia, Malasia y Maldivas, pero su impacto sigue siendo motivo de debate y división entre expertos, autoridades y jóvenes.
La normativa entró en vigor oficialmente el 10 de diciembre de 2025 y obliga a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit y YouTube a adoptar "medidas razonables" para impedir que los menores de 16 años mantengan o creen cuentas. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos (aproximadamente 29 millones de euros).
Sin embargo, la aplicación comenzó antes de la fecha oficial. Meta, por ejemplo, empezó a bloquear nuevas cuentas y a desactivar perfiles de adolescentes australianos desde el 4 de diciembre de 2025.
Resultados iniciales y desafíos
Durante las primeras semanas, las grandes plataformas eliminaron o bloquearon alrededor de 4,7 millones de cuentas. No obstante, el regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, reconoció en marzo que persistían "lagunas importantes" en los sistemas de verificación de edad y abrió investigaciones sobre varias plataformas.
Seis meses después, aún no está claro cuán efectiva ha sido la medida. Una encuesta de la firma Pureprofile, basada en entrevistas a 1.025 padres, profesores y jóvenes australianos (de una población de 28 millones), concluyó que el 78% de los menores de 16 años sigue accediendo a las plataformas. El estudio también determinó que el apoyo a la ley es del 76%. Según la encuesta, solo uno de cada tres menores se ha sometido a un escaneo facial para verificar su edad en Internet, mientras que la mitad de los menores que utilizaron esta tecnología lograron ser identificados erróneamente como mayores de 16 años.
Visión de los jóvenes
La medida sigue siendo cuestionada por los jóvenes. Janice Rodrigues, representante juvenil de Australia ante las Naciones Unidas para 2026, asegura que muchos jóvenes sienten que sus opiniones fueron ignoradas durante el proceso legislativo. "Los jóvenes están frustrados porque sienten que sus voces no fueron escuchadas", dijo Rodrigues a EFE. Según explicó, numerosos adolescentes consideran que la prohibición les ha privado de espacios de socialización, apoyo y participación cívica.
Rodrigues afirmó que las redes permitían a muchos menores descubrir oportunidades educativas, actividades comunitarias o iniciativas. "Algunos jóvenes con discapacidad, LGTBI o que viven en zonas rurales encontraban comunidades de apoyo en Internet que ahora son más difíciles de alcanzar", señaló, y cuestionó que la prohibición haya producido mejoras visibles en la salud mental.
Críticas de organizaciones de derechos digitales
John Pane, presidente de la organización Electronic Frontiers Australia (EFA), dedicada a la defensa de los derechos digitales, también expresó críticas. "Los menores pueden saltarse la prohibición de muchas formas diferentes", dijo a EFE, citando el uso de redes privadas virtuales (VPN), cuentas de familiares o errores en los sistemas de verificación biométrica. Pane sostuvo que "lo que debería hacerse es regular el modelo de negocio de las grandes tecnológicas y enseñar a los jóvenes a navegar de forma segura en Internet".
Pane también expresó preocupación por la expansión de sistemas de verificación de edad basados en reconocimiento facial o documentos de identidad, advirtiendo de posibles riesgos para la privacidad y la protección de datos.
Postura del Gobierno
El Gobierno australiano y sus partidarios sostienen que la medida protege la salud mental de los menores, reduciendo su exposición a contenidos dañinos, acoso, adicción digital, presión social y manipulación algorítmica. En el debate previo pesó también el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea, quienes participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno.
A finales de marzo, eSafety abrió una investigación sobre cinco grandes plataformas (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube) y prevé decidir sobre posibles medidas correctivas en las próximas semanas.
El próximo gran examen del éxito de la normativa llegará en los próximos meses. eSafety encargó en septiembre de 2025 a un grupo asesor académico liderado por la Universidad de Stanford (EE.UU.) una evaluación independiente sobre el impacto de la ley, cuyos resultados se esperan a finales de este año. El estudio analizará, entre otros aspectos, los cambios en el uso de redes sociales por parte de los menores, el impacto en su bienestar y la eficacia de los mecanismos de aplicación de la ley.
