En una operación conjunta entre el Cuerpo Élite de Sijín de Urabá, la Fiscalía y el Gaula Militar, fue capturado José Elías Cortés Velásquez, conocido con el alias de 'Chalía', quien es señalado como presunto responsable de cuatro homicidios y amenazas contra líderes sociales en el departamento de Chocó. Las autoridades confirmaron que el individuo contaba con múltiples órdenes de captura vigentes y se encontraba en el cartel de los más buscados del Ministerio de Defensa por afectar a defensores de derechos humanos.
Detalles de la operación
La captura se llevó a cabo en la vereda La Borojera, zona rural del municipio de Nuevo Belén de Bajirá, donde los agentes realizaron un allanamiento que permitió la incautación de dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, además de 21 cartuchos de diferentes calibres y un proveedor para pistola.
Vínculos con el Clan del Golfo
Alias 'Chalía' presuntamente pertenecía a la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo. Su captura representa un golpe significativo para esta organización criminal, según indicó el coronel Diego Alberto León Grimaldos, comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército. "Con este resultado se afecta de manera significativa la capacidad de mando y control de esta organización criminal, así como sus economías ilícitas derivadas del narcotráfico y la extorsión en los departamentos de Antioquia y Chocó", afirmó.
Órdenes de captura y antecedentes
El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía en Urabá, explicó que alias 'Chalía' era requerido mediante cuatro órdenes judiciales vigentes: tres por homicidio y una por amenazas, relacionadas con hechos ocurridos en los años 2018 y 2021 en el municipio de Carmen del Darién. Entre las víctimas se encuentran un líder indígena de la comunidad Alto Guayabal, un líder comunal y un líder comunitario, así como amenazas contra un líder social de la comunidad de Uradá.
Recompensa y búsqueda
El cartel de búsqueda fue publicado por las autoridades en 2025, ofreciendo hasta 15 salarios mínimos mensuales vigentes por información que permitiera su ubicación y posterior captura. Este esfuerzo forma parte de las acciones para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región.
