En la tarde de este viernes 5 de mayo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión confirma la condena de 28 años de prisión impuesta al ganadero por su participación en la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que operó en el norte de Antioquia durante la década de 1990.
El fallo de la Corte Suprema pone fin a las instancias judiciales ordinarias para Santiago Uribe, quien había sido condenado en primera y segunda instancia. La defensa argumentó errores procesales y de valoración probatoria, pero la Sala de Casación Penal consideró que el recurso no cumplía con los requisitos legales para ser admitido.
Detalles del caso
Los 12 Apóstoles fue un grupo paramilitar que sembró el terror en el norte de Antioquia, cometiendo asesinatos, desplazamientos forzados y otros delitos. Santiago Uribe fue señalado como uno de sus principales financiadores y organizadores. La investigación judicial recopiló testimonios y pruebas documentales que demostraron su vínculo con la estructura ilegal.
La condena a 28 años de prisión fue ratificada en segunda instancia por un tribunal superior, y ahora la Corte Suprema ha cerrado la puerta a nuevos recursos. La noticia ha generado reacciones en el ámbito político y social, dado el parentesco del condenado con el expresidente Álvaro Uribe.
Contexto del paramilitarismo en Colombia
El paramilitarismo en Colombia ha sido uno de los fenómenos más violentos del conflicto armado. Grupos como Los 12 Apóstoles actuaron con el objetivo de combatir a la guerrilla, pero sus métodos incluyeron masacres, desapariciones y violaciones de derechos humanos. La justicia colombiana ha avanzado en la investigación y sanción de estos crímenes, aunque persisten desafíos en la reparación a las víctimas.
Este caso se suma a otros procesos judiciales contra exmiembros de grupos paramilitares y sus colaboradores. La decisión de la Corte Suprema reafirma el compromiso del sistema judicial con la lucha contra la impunidad en delitos de lesa humanidad.
