La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre la crítica situación de seguridad y orden público en el corregimiento de Puerto López, ubicado en el municipio de El Bagre, Antioquia, así como en toda la región del Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y las zonas limítrofes con el nordeste antioqueño. Según el organismo, en los últimos meses se ha registrado un incremento significativo de las hostilidades entre las disidencias del frente liderado por alias "Calarcá", perteneciente al Bloque Magdalena Medio, y el Clan del Golfo, lo que ha generado graves consecuencias para la población civil.
Confinamientos y desplazamientos masivos
La Defensoría confirmó que entre enero y mayo de 2026 se documentaron al menos dos situaciones de confinamiento y cinco episodios de desplazamiento forzado masivo. A estas violaciones se suman amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como afectaciones a bienes y ataques con explosivos en veredas como Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada.
La entidad advirtió que la recurrencia y gravedad de estos hechos "evidencian un progresivo agravamiento de la situación humanitaria y de derechos humanos en el territorio". Asimismo, señaló que tiene conocimiento del uso recurrente de drones adaptados para activar o lanzar explosivos, lo que ha incrementado los riesgos para la población.
Uso de drones explosivos
"De acuerdo con la información recopilada, estos medios y métodos de combate han generado afectaciones en viviendas, infraestructura comunitaria y otros bienes de carácter civil, incrementando los riesgos para la población que habita en las zonas de confrontación", indicó la Defensoría. Además, mencionó que recientemente se registraron enfrentamientos en las veredas Santa Isabel de Amará y Montefrío, en el municipio de Segovia, Antioquia, territorios que limitan con Puerto López.
La entidad señaló que el uso de estos medios y métodos de combate en zonas habitadas por civiles exige la adopción de medidas urgentes de protección y precaución. A esta situación se suma el retiro de la Policía Nacional del corregimiento en marzo de 2026, lo que "ha profundizado la percepción de desprotección de las comunidades y ha limitado la capacidad de respuesta institucional frente a los hechos de violencia y control territorial ejercidos por los actores armados ilegales".
Cifras alarmantes
En lo corrido de 2026, la Defensoría registró un total de 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia, en los municipios de El Bagre, Briceño, Segovia, Remedios, Anorí y Yondó, y en el departamento de Bolívar, en los municipios de Río Viejo y Arenal, dejando más de 2.400 personas afectadas. Asimismo, se documentaron seis situaciones de confinamiento en El Bagre, Briceño, Segovia y Remedios, en Antioquia, y en Norosí y Santa Rosa del Sur, en Bolívar, que han restringido la movilidad de más de 7.700 personas.
Llamado urgente al Gobierno
Ante esta situación, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia, a la Unidad para las Víctimas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Unidad Nacional de Protección, a la fuerza pública y a las demás entidades competentes para que adopten medidas urgentes y coordinadas que permitan prevenir nuevas afectaciones y proteger a las comunidades del corregimiento de Puerto López y del Bajo Cauca antioqueño.
