Madrid, 5 jun (EFE).- Las dos asociaciones mayoritarias de guardias civiles, AUGC y JUCIL, han solicitado al Gobierno explicaciones y la depuración de responsabilidades políticas tras las revelaciones del sumario del caso Leire, en el que se menciona a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
El caso Leire y las implicaciones de Mercedes González
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en esta causa una supuesta trama presuntamente financiada con fondos del PSOE para desbaratar actuaciones judiciales y policiales contra este partido y el Gobierno. La trama estaría liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
En un atestado incluido en el sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Mercedes González activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con Leire Díez, con quien habría mantenido al menos tres reuniones desde que fue nombrada máxima responsable del instituto armado.
Reacciones de AUGC
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha emitido un comunicado en el que exige explicaciones "ante la grave falta de veracidad y las contradicciones gubernamentales en el caso Leire". La asociación muestra su "estupefacción ante el inesperado desarrollo de los acontecimientos relacionados con el mismo".
AUGC señala que, tras la negación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cualquier encuentro, afirmando que "la directora no ha tenido reunión en términos de ningún tipo", la propia Mercedes González se vio compelida a emitir un comunicado durante la noche del jueves, a horas inusuales, reconociendo la existencia de dichas reuniones a raíz de los informes de la UCO.
Por ello, AUGC reclama "explicaciones ante este ejercicio de contradicciones y la falta de transparencia por parte de la cúpula de Interior". "Los guardias civiles y la ciudadanía merecen una transparencia absoluta sin evasivas ni contradicciones, especialmente cuando las informaciones apuntan a presuntos intentos de injerencia y desestabilización contra la intachable labor de la UCO", agrega.
AUGC insta a la comparecencia parlamentaria de Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González "para que aclaren estas graves incoherencias" y reclama "la depuración de todas las responsabilidades políticas" ante lo que considera "una quiebra flagrante de la confianza institucional".
Postura de JUCIL
Por su parte, Justicia Guardia Civil (JUCIL) también insta al Gobierno a "depurar responsabilidades ante las informaciones conocidas sobre presiones a la UCO y reuniones con Leire Díez".
Esta asociación traslada su "máxima preocupación" y defiende que "la UCO debe seguir trabajando con plena autonomía bajo criterios técnicos y sin ningún tipo de interferencia externa". Además, anuncia que promoverá personarse como acusación popular en la causa "para contribuir al esclarecimiento de la verdad y defender el buen nombre de la UCO y del conjunto de la Guardia Civil".
JUCIL recuerda que "en un Estado de derecho la independencia de la Policía Judicial constituye una garantía esencial para todos los ciudadanos" y advierte de que "cualquier actuación que pudiera interpretarse como una injerencia, presión o intento de condicionar investigaciones judiciales debe ser analizada con el máximo rigor".
El secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano, subraya en el comunicado: "La UCO no pertenece a ningún Gobierno ni a ningún partido y sus agentes sirven exclusivamente a la ley y a los jueces. Cualquier intento de condicionar, señalar o desacreditar a los investigadores supone un ataque directo a la independencia de la Guardia Civil".
La asociación pone en valor el trabajo de la UCO, destacando que es "una unidad de referencia en investigaciones complejas, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y está demostrando que la Guardia Civil cuenta con profesionales capaces de desarrollar investigaciones con absoluto respeto a la ley".
EFE
