La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción contra el cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, por un cobro indebido realizado a una ciudadana colombiana durante un trámite notarial. La decisión, emitida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento N°4, impone una inhabilidad de cinco años y una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales vigentes para 2021.
Detalles del caso
Según la investigación, Lusena contactó, orientó y coordinó la autenticación de la firma de una connacional ante las autoridades italianas. Al finalizar la gestión, solicitó y recibió 70 euros de la ciudadana, pese a que no estaba facultado para cobrar por ese tipo de asistencia ni para recibir remuneración por sus servicios. El ente de control calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.
La Procuraduría señaló que el diplomático aprovechó su condición en el exterior para presentar como “institucional” una gestión que debía ser gratuita, desconociendo el carácter honorario de la función consular y quebrantando el principio de moralidad administrativa. Los sujetos procesales podrán presentar recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.
Contexto de sanciones diplomáticas
Esta sanción se conoció horas después de que la Procuraduría sancionara al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por presunta participación en política a través de su cuenta de X. Saade utilizó sus redes sociales para apoyar al candidato del Gobierno, pedir al presidente que se ponga al frente de la campaña de Iván Cepeda y llamar a Roy Barreras y Armando Benedetti a participar en la jornada electoral.
Asimismo, la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, fue suspendida hasta la segunda vuelta presidencial luego de manifestar en un medio de comunicación su favoritismo por el candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, afirmando que Colombia no tiene reelección.
Estas acciones forman parte de las investigaciones y sanciones que ha tomado la Procuraduría contra funcionarios del Gobierno Petro por presunta indebida participación en política, en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.
