Madrid, 3 jun (EFE).- Los Gobiernos de varias comunidades autónomas, como Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia, han expresado su queja ante la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, por la falta de seguridad jurídica para adherirse al programa de auxiliares de conversación presente en muchos centros escolares. Aseguran que no existe certeza de que no puedan ser multados por la Inspección de Trabajo.
Antecedentes de sanciones
Después de que los Gobiernos autonómicos de Valencia y Andalucía fueran sancionados por Trabajo al considerar que estos auxiliares de conversación mantenían una relación laboral con dichas administraciones, el Ministerio de Educación publicó en mayo la nueva convocatoria de plazas para el curso 2026-2027, acordada con el Ministerio de Trabajo. En ella se puntualiza que el programa "no constituye una relación laboral, sino un programa de intercambio cultural y educativo".
Postura de las comunidades
Sin embargo, algunas comunidades como Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía no consideran suficiente esta aclaración y han sopesado no acudir a la convocatoria, ya que estiman que este cambio carece de un marco jurídico seguro. Así lo han señalado durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, que este miércoles aprobó repartir 329,2 millones de euros entre las comunidades autónomas para el impulso de seis programas de apoyo educativo.
La consejera de Educación del Gobierno madrileño, Mercedes Zarzalejo, indicó a la salida de la reunión que "lo único que han hecho es modificar un anexo que es el mismo que ya aparece en nuestras guías y que no ha permitido que no se sancione". Añadió: "No hay seguridad jurídica y no hay un marco jurídico. Valoraremos la convocatoria, que viene tarde y mal y sin certezas". Zarzalejo recordó que Madrid invierte cada curso 28 millones de euros en 2.800 auxiliares de conversación, mientras que el Ministerio de Educación aporta 90.
Zarzalejo recalcó que la consejería llegó con "la intención de adherirnos a la convocatoria si había una solución real y no ha sido así".
Respuesta del Ministerio
Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, negó que existiera un conflicto y afirmó que al final se ha resuelto con "la garantía de una interpretación coincidente" entre el Ministerio de Educación y Trabajo sobre las funciones de esta figura, que "no es un docente".
Detalles de la convocatoria
La convocatoria del Ministerio de Educación, que cubre cerca de 700 plazas para el próximo curso, señala que "no existe relación laboral entre los auxiliares de conversación y la Administración: la selección de los auxiliares no responde a un procedimiento de selección de personal, sino a una convocatoria de subvenciones; no concurren los elementos característicos de una relación laboral (dependencia, ajenidad y salariedad), tampoco se dan las notas definitorias propias de un contrato formativo".
Puntualiza que la función de los auxiliares de conversación extranjeros es asistir en las prácticas de conversación en la lengua extranjera en los centros educativos españoles, en el marco del intercambio intercultural que promueve el programa, fomentando el conocimiento mutuo y la difusión de las lenguas y culturas de los países de origen y destino, siempre bajo la supervisión de un profesor titular.
En consecuencia, las personas participantes en el Programa de Auxiliares de Conversación no realizarán, en ningún caso, funciones correspondientes a una relación laboral ni las funciones propias y exclusivas del profesorado, según quedan establecidas en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La convocatoria estableció un plazo de solicitudes del 2 al 30 de junio.
