Los abogados podrán volver a aspirar a ciertos cargos docentes del sector oficial, luego de que el Consejo de Estado ordenara incluir provisionalmente el título profesional en Derecho dentro de los requisitos para acceder a plazas de docentes de ciencias económicas y políticas. Esta decisión modifica temporalmente las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación mientras se resuelve de fondo una demanda contra el manual de funciones de la carrera docente.
Decisión judicial como medida cautelar
La providencia fue emitida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que estudió una demanda presentada contra apartados de la Resolución 003842 de 2022. Los demandantes cuestionaron que la profesión de abogado hubiera sido excluida de algunas áreas de docencia, pese a que anteriormente sí estaba habilitada para participar en estos procesos.
La decisión más reciente ordena incorporar provisionalmente el título profesional en Derecho dentro del listado de profesiones habilitadas para acceder al cargo de docente de ciencias económicas y políticas. El tribunal concluyó que esta medida resulta más adecuada que suspender completamente la norma cuestionada, ya que permite corregir temporalmente la exclusión sin afectar a quienes actualmente cumplen los requisitos establecidos para esos cargos.
Principios de igualdad y mérito
Según el análisis realizado por la corporación, la exclusión de los abogados genera una posible afectación al acceso a cargos públicos, así como a los principios de igualdad y mérito que rigen los concursos de carrera. Además, advirtió que quienes contaban con esa posibilidad en regulaciones anteriores vieron modificadas sus expectativas de participación sin una explicación suficiente.
La Sala señaló que la Resolución 15683 de 2016 sí incluía a los abogados entre los profesionales que podían desempeñarse como docentes de ciencias económicas y políticas. Sin embargo, esa posibilidad desapareció con la expedición de la Resolución 003842 de 2022.
Falta de justificación clara
Uno de los elementos centrales de la decisión es que el Consejo de Estado no encontró una justificación clara que explicara por qué el título de Derecho dejó de ser válido para acceder a esos cargos docentes. Durante el proceso, el Ministerio de Educación indicó que la exclusión se sustentó en un concepto técnico de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces), según el cual la formación en Derecho no guardaba relación con el área de conocimiento a impartir. Sin embargo, el documento no fue aportado al expediente.
La providencia destaca que tampoco se explicó por qué una profesión que sí era considerada pertinente en la regulación de 2016 dejó de serlo en la normativa expedida en 2022. Por esa razón, el Consejo de Estado concluyó que existe una apariencia de vulneración de los derechos invocados por los demandantes.
Antecedentes y ampliación de la medida
La decisión también recuerda que el Consejo de Estado ya había intervenido previamente en un asunto similar. En diciembre de 2022, la corporación ordenó incluir provisionalmente a los abogados como aspirantes para cargos de docentes de ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia. Esa medida ya había sido cumplida por el Ministerio de Educación mediante una resolución expedida en 2023. Ahora, con la nueva decisión, la inclusión provisional se extiende al área de ciencias económicas y políticas.
Aunque el proceso judicial aún no ha concluido y la demanda sigue su curso, la medida cautelar busca evitar que los profesionales en Derecho continúen excluidos de estos concursos mientras se adopta una decisión definitiva. Para el Consejo de Estado, negar esa protección temporal podría generar una afectación mayor a los derechos de igualdad y acceso a la función pública que invocan los demandantes.
