Más de dos años después de que las autoridades encontraran 175 cartuchos de munición en una camioneta asignada al esquema de seguridad del representante a la Cámara Juan Loreto Gómez, en La Guajira, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir una investigación en su contra por el delito de peculado por uso.
Decisión de la Sala de Instrucción
La decisión fue adoptada por la Sala con ponencia del magistrado Héctor Alarcón, que concluyó que no existían elementos para vincular al congresista con los hechos ocurridos en marzo de 2023. El caso generó controversia en su momento porque la munición fue hallada dentro de uno de los vehículos destinados a la protección del representante.
Detalles de la investigación
Durante las verificaciones adelantadas se estableció que el congresista no se encontraba en la camioneta cuando ocurrieron los hechos y que tampoco existen pruebas de que conociera la movilización de esos elementos. La investigación también permitió reconstruir lo ocurrido con el carro de la UNP. Según la Corte, el conductor retiró la camioneta del parqueadero donde permanecía estacionada con el argumento de llevarla a lavar, pese a que no estaba autorizado para hacerlo.
Captura del responsable
Tras la inmovilización del vehículo, las autoridades capturaron a Juan José Madiedo Ospino, quien, al parecer, trabajaba en el parqueadero. En su momento, el representante aseguró que nunca le había entregado las llaves de la camioneta ni le había autorizado su uso. Con base en estos hallazgos, la Sala concluyó que no había méritos para continuar el proceso penal contra el representante.
Indagación de la Procuraduría
Paralelamente, la Procuraduría también había abierto una indagación por estos hechos. La Sala Disciplinaria de Instrucción de la entidad señaló entonces que, al momento en que las autoridades descubrieron los cartuchos dentro del vehículo, se movilizaba un amigo del congresista. La decisión fue proferida por la Corte Suprema de Justicia.
En el frente penal, la Corte Suprema consideró que las pruebas recaudadas no permiten atribuir responsabilidad al congresista y decidió dar por terminada la instrucción.
