El presidente Gustavo Petro ha propuesto la compra estatal de oro como solución a la minería ilegal, pero las empresas encargadas de ejecutar esta orden están al borde de la quiebra. Un informe de auditoría revela que Metales Preciosos de Colombia (Meprecol) solo tiene capacidad operativa para seis meses, mientras que CIJ Gutiérrez apenas entregó el 10% de la información solicitada para su evaluación.
La propuesta presidencial
En respuesta a un reportaje de The New York Times que reveló que oro del 'clan del Golfo' termina en fundiciones de Estados Unidos, Petro afirmó que el Gobierno debe fortalecer las empresas de compra de oro y crear un monopolio estatal mediante reforma constitucional. Sin embargo, la viabilidad de esta iniciativa es cuestionada por la situación financiera de las comercializadoras estatales.
Meprecol: una empresa al límite
La auditoría de Meprecol, transferida de la SAE al Ministerio de Minas en noviembre de 2025, muestra una caída del 65% en ventas en los últimos dos años. En 2023 comercializó 5.385 kg de oro; en 2024, 3.856 kg; y en 2025, apenas 1.865 kg. Además, enfrenta una orden de pago por 56.000 millones de pesos y contingencias tributarias por 155.000 millones, lo que podría llevar a su liquidación si se reconocen las deudas.
El patrimonio de la empresa se redujo un 12,9% en 2025, pasando de 33.052 millones a 28.801 millones de pesos. Con gastos fijos elevados y un solo cliente (Dillon Gage), su capacidad operativa se limita a seis meses.
Irregularidades en la operación
La auditoría también reveló anticipos por 1.500 millones de pesos a dos cooperativas que también eran administradas por la SAE y manejadas por el mismo gerente de Meprecol, sin que exista rastro del dinero ni inventario físico de oro. Estas cooperativas, Multiactiva Serintegrup y Multiactiva Conecta, agrupaban comunidades de minería de subsistencia y recibían oro tipo B, que posteriormente era transformado a tipo A para su exportación, facilitando posibles actividades ilegales.
CIJ Gutiérrez: poca información
La otra comercializadora, CIJ Gutiérrez, también transferida al Ministerio de Minas, solo proporcionó el 10% de la información requerida, lo que impide una evaluación completa. Ambas empresas dependían de Dillon Gage como principal cliente, pero la compañía estadounidense suspendió las compras de oro colombiano tras el artículo de The New York Times.
Contexto de la minería ilegal
La minería ilegal mueve más del 80% del oro que produce Colombia, generando rentas criminales superiores a 8.000 millones de dólares en 2025, según la Fuerza Pública. Grupos como el 'clan del Golfo' blanquean oro mediante la carnetización y legalización de la minería de subsistencia, causando devastación ambiental en más de 94.000 hectáreas y contaminación con mercurio en más de 1.120 ríos.
El Ministerio de Minas no respondió a las solicitudes de comentario sobre la operatividad de estas empresas.
