El Tribunal Superior de Popayán emitió una condena de 7 años y 3 meses de prisión contra la exfiscal de El Tambo (Cauca), María del Socorro Fernández Chávez, por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. La decisión se tomó tras acoger las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación.
Entramado ilegal para beneficiar a extraditable
De acuerdo con la investigación, la exfuncionaria participó en un esquema ilegal que favoreció a un ciudadano colombiano que era solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos, debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los hechos ocurrieron en 2016
Los hechos se remontan al 17 de mayo de 2016, cuando, después de que el Gobierno nacional aprobara el requerimiento internacional, la exfiscal abrió un proceso judicial paralelo a la solicitud de extradición. En ese proceso, imputó al señalado narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que el procesado aceptó.
La actuación se basó en información que indicaba que el hombre era investigado por pertenecer a un grupo armado ilegal. Sin embargo, las autoridades determinaron que dicha información era falsa.
Omisiones y documentos falsificados
La investigación también reveló que la entonces fiscal omitió reportar una notificación roja de Interpol e incorporó documentos de arraigo que contenían inconsistencias, firmas y otros elementos falsificados.
Además, la grabación de la audiencia de imputación desapareció. A pesar de una orden judicial para repetir la diligencia con el fin de garantizar su registro audiovisual, la exfuncionaria se opuso.
Consecuencias de la imputación por rebelión
Como resultado de la imputación por rebelión, en enero de 2017 el extraditable presentó una acción de tutela que protegió su derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, decisión que bloqueó temporalmente su envío a Estados Unidos.
Además de la pena privativa de la libertad, Fernández Chávez deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitada para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses.
