Burgos, 2 jun (EFE).- Las exmonjas de Belorado han presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao, que dio por concluida la fase de instrucción e inició el procedimiento para la apertura de juicio oral por delitos de trato degradante, abandono y administración desleal sobre cinco monjas ancianas. Las exreligiosas solicitan el sobreseimiento libre o, al menos, una mayor concreción de los hechos por los que serían juzgadas.
Recurso de apelación presentado
La abogada de las exmonjas, Norma Riaño, explicó a EFE que este lunes presentaron el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia contra el auto del juzgado bilbaíno de transformación en procedimiento abreviado. Riaño insistió en que aún no se ha decretado la apertura de juicio oral.
Recordó que el Ministerio Fiscal y la acusación disponen de diez días, tras la notificación del auto el 22 de mayo, para presentar sus escritos de acusación y solicitar formalmente la apertura de juicio oral. Será en ese momento, con un nuevo auto, cuando se abra juicio oral con los delitos y penas a exigir ya concretados.
Suspensión del procedimiento
Riaño confía en que el recurso de apelación suspenda el procedimiento hasta su resolución y ha solicitado el sobreseimiento libre para las siete exmonjas encausadas. Todas ellas, excepto Zaida Pinar (sor Myriam), quien abandonó la comunidad en enero y para la que la jueza no aprecia participación acreditada.
Las exmonjas residen entre La Puebla de Montalbán (Toledo) y el monasterio de Orduña (Bizkaia) desde que fueron desahuciadas del convento de Belorado (Burgos) el 12 de marzo. Se enfrentan a delitos de trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, administración desleal y apropiación indebida.
Incompatibilidad de delitos
La abogada considera que son demasiados delitos y que los mismos hechos con tantos delitos no le cuadran. Puso como ejemplo la incompatibilidad de la acusación de trato degradante y omisión del deber de socorro, por lo que ha pedido que se aplique la teoría del concurso de delitos.
Insistió en que el auto del juzgado no ha tenido en cuenta las declaraciones de las exreligiosas, que se recogen citadas en el recurso interpuesto, ni las actas notariales de las pruebas aportadas por estas, entre ellas, mensajes de teléfono que demostrarían la inocencia de las de Belorado.
Defensa de las exmonjas
Las exmonjas defienden que siempre trataron bien a las cinco religiosas ancianas, con edades entre los 87 y los 101 años, y que fueron sacadas por la Guardia Civil el pasado 18 de diciembre del monasterio de Orduña, al que habían sido trasladadas desde Belorado en julio, unos días antes de la sentencia de desahucio.
La abogada mostró su conformidad con la decisión de la jueza de no incoar diligencias por un delito de homicidio por imprudencia en relación con el fallecimiento de una de las monjas mayores, producido tras su salida de Orduña, al no encontrar nexo causal entre la muerte y la atención recibida.
Acusaciones del auto judicial
El auto del Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao recoge que las cinco monjas mayores no estaban siendo tratadas adecuadamente y describe situaciones de falta de condiciones higiénico-sanitarias, ausencia de atención médica y control de la medicación, suciedad acumulada en el monasterio vasco y presencia de animales sueltos, además de situaciones de control y manipulación psicológica.
Además, se acusa a las siete exreligiosas de los delitos de administración desleal y apropiación indebida de sus pensiones, que habrían utilizado para sostener los negocios del restaurante de Arriondas o el criadero de perros. Se recoge que pretendían servirse de las mayores, como personas vulnerables, para frenar el desalojo del monasterio de Burgos.
Reapertura de diligencias en Burgos
Por otro lado, la Audiencia Provincial de Burgos ha ratificado, en un auto consultado por EFE, la decisión del Tribunal de Instancia de Briviesca por la que acordaba la reapertura de las diligencias para investigar un delito de estafa cometido supuestamente por la exabadesa con el arrendamiento de la hospedería del convento de Derio (Bizkaia) cuando ya se había producido el cisma.
El tribunal burgalés acordó inhibirse a favor de los juzgados de Bilbao para que practiquen las diligencias oportunas dentro de la investigación del arriendo, que supuso unos ingresos de 4.488 euros, después de que la propia Audiencia de Burgos hubiera considerado prematuro el archivo de la denuncia interpuesta por el arzobispo de Burgos y estableciera la necesidad de reabrir la causa.
