La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, junto a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal y un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato destinado al suministro de alimentos para los animales del centro de protección de la ciudad.
Detalles de la imputación
La decisión fue anunciada este lunes 1 de junio de 2026, tras una investigación centrada en el proceso de contratación adelantado en junio de 2024. El ente acusador señaló que el contrato habría sido adjudicado a una empresa sin experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos, pese a que ese era el objeto contractual. Además, indicó que el proceso no garantizó la pluralidad de oferentes, uno de los principios fundamentales de la contratación pública.
Los imputados
Junto a la mandataria, fueron imputados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga. La Fiscalía sostiene que Veloza Guio, Soto Salas y Amaya Márquez habrían participado en la celebración del contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos.
Presuntas irregularidades
Según la hipótesis del ente investigador, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en el entonces secretario de Gobierno, Edward Amaya Márquez, y posteriormente habría impartido instrucciones para que el contrato fuera adjudicado a una empresa que prestaba servicios de aseo para la Alcaldía de Ibagué y para varias instituciones educativas de la ciudad. Asimismo, señaló que presuntamente fueron elaborados estudios de mercado con valores que no correspondían a los precios reales y que las solicitudes de cotización se limitaron a dos contratistas, entre ellos el que finalmente recibió la adjudicación. Los investigadores también advirtieron que los representantes legales de las empresas consultadas tendrían vínculos de parentesco.
Sobrecostos y delitos imputados
En relación con el contratista Ernesto Alfonso Quiroga, la Fiscalía indicó que habría permitido el direccionamiento del proceso contractual a su favor, obteniendo cerca de 34,9 millones de pesos por concepto de sobrecostos. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los cinco procesados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Presunción de inocencia
La audiencia de imputación se desarrolló bajo el principio constitucional de presunción de inocencia. La Fiscalía precisó que ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados en su contra, por lo que el proceso judicial continuará en las etapas posteriores, donde las autoridades buscarán determinar la eventual responsabilidad de los implicados en los hechos investigados.
