Un juzgado de Sevilla ha ratificado la decisión de archivar provisionalmente la querella presentada por los padres de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se quitó la vida el pasado octubre en un posible caso de acoso escolar, contra los responsables del colegio privado concertado Irlandesas Loreto de la capital andaluza.
En un auto al que tuvo acceso EFE este viernes, el magistrado del Juzgado de Instrucción 7 confirmó el archivo en todos sus términos, calificando la resolución como "debidamente razonada" y concluyendo que no existe fundamento jurídico para responsabilizar al personal educativo del centro por la muerte de la alumna. Contra esta decisión cabe recurso de apelación.
Razones del archivo
El juez argumentó que "reproducir en la instrucción lo que ya se ha hecho en la Fiscalía de Menores no solo es innecesario, sino también perjudicial para el equilibrio emocional de los que ya declararon, compañeros de Sandra". La Fiscalía ya había respaldado el archivo en un escrito, señalando que repetir diligencias ya practicadas, como volver a interrogar a los menores compañeros de la fallecida, "nada aportaría nuevo a efectos del esclarecimiento de los hechos".
Comprensión del dolor de los padres
Aunque el magistrado expresó comprender la "desazón" de los progenitores, subrayó que la Administración de Justicia "no puede actuar para paliar esa situación, cuando ello no es necesario en base a los razonamientos del auto". Asimismo, explicó que se esperó a recibir el testimonio de lo actuado en la Fiscalía "por ser muy necesario para comprender el caso y no por lentitud", y destacó que las diligencias se iniciaron el 12 de enero de 2026 y se resolvieron en cuatro meses, aunque no en el sentido que deseaba la parte querellante.
Medidas del colegio
En el auto de archivo provisional, el magistrado consideró que el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, "pero no les era exigible que controlaran a la menor en todo momento para evitar que esta se quitara la vida". Las actuaciones se abrieron por la querella de los padres contra el centro educativo —perteneciente a la Fundación Educativa Mary Ward—, su director, la tutora, la jefa de estudios y la orientadora, por posibles delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas imprudentes y trato degradante.
