En una declaración contundente, María Claudia Tarazona afirmó que el magnicidio de Miguel fue un crimen de Estado. Según la denunciante, el asesinato no fue un hecho aislado, sino que contó con la participación de estructuras estatales. Tarazona señaló que existen pruebas que vinculan a altos funcionarios con la planificación y ejecución del homicidio.
Detalles del magnicidio
El crimen ocurrió en circunstancias que, para Tarazona, evidencian una operación orquestada desde el poder. La víctima, Miguel, era un activista que denunciaba actos de corrupción gubernamental. Su muerte, según la denunciante, buscaba silenciar sus investigaciones.
Responsabilidades señaladas
Tarazona mencionó que hay testigos y documentos que comprometen a miembros de la fuerza pública y a políticos. Exigió una investigación independiente que esclarezca los hechos y lleve a los responsables ante la justicia.
La denunciante hizo un llamado a la comunidad internacional para que presione al gobierno colombiano a fin de garantizar una indagación transparente. Asimismo, pidió protección para los testigos que han decidido declarar.
Este caso se suma a otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el país, donde organizaciones de derechos humanos han documentado patrones de violencia estatal. La declaración de Tarazona reaviva el debate sobre la impunidad en crímenes contra defensores de derechos humanos.
