La Procuraduría General de la Nación activó una vigilancia preventiva sobre un millonario proceso contractual de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, relacionado con las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos en el país. La medida busca garantizar la operación integral de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), encargados de intervenir territorios afectados por el narcotráfico y economías ilegales.
Detalles de la actuación preventiva
Según un requerimiento oficial enviado al director de la Dirección Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, la Procuraduría abrió esta actuación tras detectar múltiples observaciones, solicitudes de verificación y reclamaciones presentadas durante la etapa de evaluación contractual. El Ministerio Público pidió explicaciones detalladas sobre el estado actual de las evaluaciones, las reclamaciones formuladas por los participantes y las verificaciones adelantadas por la entidad, justo cuando se acerca una decisión definitiva sobre la adjudicación del contrato o una eventual declaratoria de desierto.
Principios de contratación bajo escrutinio
La Procuraduría también solicitó conocer las medidas adoptadas por la Policía Nacional para garantizar principios como transparencia, publicidad, igualdad, responsabilidad y selección objetiva dentro del proceso de contratación. Además de requerir explicaciones, el organismo ordenó a la Dirección Antinarcóticos remitir copia de la decisión final que se adopte dentro del proceso, junto con los documentos técnicos y jurídicos que sustenten esa determinación.
El documento, firmado por el procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, fijó un plazo de un día hábil para la entrega de la información, teniendo en cuenta la etapa crítica en la que se encuentra el proceso. Sin embargo, la Procuraduría aseguró que esta actuación tiene un carácter exclusivamente preventivo y no implica un prejuzgamiento ni una interferencia en las competencias de la Policía Nacional para tomar la decisión contractual.
Esta intervención del Ministerio Público subraya la importancia de la transparencia en los procesos de contratación pública, especialmente en aquellos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos, que involucran recursos millonarios y tienen un impacto directo en la seguridad y el desarrollo del país.
