El Tribunal Supremo ha ratificado que las monjas jerónimas son propietarias del monasterio de Santa Isabel de Palma, un inmueble por el que habían mantenido una disputa judicial con el obispado de Mallorca.
El alto tribunal ha inadmitido el recurso de casación presentado por el gobierno diocesano contra la sentencia que reconocía a las monjas como dueñas del edificio histórico, lo que convierte en firme el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Palma en mayo de 2024.
La providencia de la Sala Primera del Supremo, fechada el 3 de junio y notificada este viernes, declara firme la sentencia recurrida, impone las costas al obispado de Mallorca y acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir, ha informado la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula.
La resolución confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial que estimó la demanda presentada por la comunidad religiosa y determinó que las monjas son las legítimas propietarias del monasterio de Santa Isabel, que ocupan y gestionan desde 1485. También avala la cancelación del asiento registral derivado de la inmatriculación promovida por el antiguo obispo de Mallorca Javier Salinas.
Reacción de la comunidad religiosa
La presidenta de la federación y priora del monasterio, sor Ángeles Sanz Rodríguez, ha expresado su satisfacción por una decisión que, como ha dicho, pone fin a una controversia iniciada en 2014 y mantenida posteriormente por el actual obispo, Sebastià Taltavull.
La religiosa confía en que este pronunciamiento judicial cierre definitivamente un conflicto que ha enfrentado a la comunidad con la diócesis durante más de una década. Contra la providencia del Supremo no cabe recurso alguno.
Antecedentes del caso
La disputa por el monasterio de Santa Isabel comenzó en 2014, cuando el obispado de Mallorca intentó inmatricular el inmueble a su nombre. Las monjas jerónimas, que han ocupado y gestionado el edificio desde 1485, presentaron una demanda para reclamar su propiedad. Tras años de litigio, la Audiencia Provincial de Palma falló a favor de las religiosas en mayo de 2024, decisión que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.
El fallo del Supremo no solo confirma la propiedad de las monjas, sino que también ordena la cancelación del asiento registral que el obispado había obtenido mediante una inmatriculación promovida por el entonces obispo Javier Salinas. Esta práctica, utilizada por la Iglesia católica para registrar propiedades a su nombre, ha sido objeto de controversia en España.
La comunidad de monjas jerónimas ha celebrado la decisión como una victoria judicial que pone fin a un largo conflicto. Sor Ángeles Sanz Rodríguez destacó la importancia de que se haya hecho justicia y reiteró su deseo de que esta resolución permita a la comunidad religiosa continuar con su labor en el monasterio sin interferencias externas.
