La Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma que suspende de forma cautelar el decreto con el que el Gobierno regional pretendía evitar la demolición de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, ubicada en la provincia de Cáceres. El decreto en cuestión buscaba impedir la demolición mediante la corrección de los límites de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) del embalse de Valdecañas.
En un comunicado remitido a EFE tras conocer la resolución judicial, el Gobierno extremeño expresó su respeto por las decisiones judiciales, pero recalcó que "seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material". La Junta defiende que la situación de Marina Isla Valdecañas se deriva de "errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales los que verdaderamente no lo eran".
Argumentos de la Junta
La administración regional sostiene que "esta consideración debe prevalecer por encima de cualquier otra, habida cuenta de que las sentencias lo son en base a datos que los avances tecnológicos han demostrado erróneos". En un auto fechado el 5 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acordó la suspensión cautelar del Decreto 180/2025, aprobado por la Junta el pasado 16 de diciembre, que ajusta los límites de once espacios ZEPA, entre ellos el de Valdecañas.
El auto, al que tuvo acceso EFE, señala que "la exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas", en clara referencia al intento de eludir la demolición del complejo turístico. La Junta subraya que la resolución judicial se limita a acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la norma respecto de la ZEPA Embalse de Valdecañas, "sin pronunciarse sobre la validez del decreto".
Justificación técnica
Según el Gobierno regional, el decreto ajusta los límites de las ZEPAS mediante el empleo de cartografía digital y tecnología más precisas. El objetivo, añade, es "corregir imprecisiones cartográficas derivadas de delimitaciones obsoletas, realizadas con una tecnología incomparable a la actual". Sin embargo, el auto, que responde a un recurso presentado por Ecologistas en Acción, concluye que no existe "una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto, que va más allá de una corrección de errores".
La Junta de Extremadura continuará su batalla legal para defender su posición, mientras que los ecologistas celebran la suspensión cautelar como un paso hacia la protección del medio ambiente en la zona.
