San Salvador, 5 jun (EFE).- Al menos 500 salvadoreños de diversas regiones del país expresaron este viernes su rechazo a la exploración y explotación de minería metálica, permitida por ley desde 2024 por iniciativa del presidente Nayib Bukele, y pidieron, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se derogue la normativa.
Movilización en el corazón de San Salvador
Los manifestantes, entre los que se encontraban miembros de diferentes iglesias, organizaciones civiles y ambientalistas, así como habitantes de zonas rurales, llevaron a cabo una caminata ecológica que partió desde el parque Cuscatlán y culminó en la histórica Plaza Libertad, en el centro de la capital.
Durante el recorrido, los participantes lanzaron mensajes en contra de la explotación minera, la cual, según estimaciones de organizaciones ambientalistas, afectaría a aproximadamente cuatro millones de personas en la zona norte de El Salvador, que abarca los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
Llamado a derogar la ley de minería
“Exhortamos a quienes toman decisiones en nuestro país a derogar la Ley de Minería Metálica, debido a los grandes riesgos que representa para las comunidades, las fuentes de agua y los ecosistemas”, declaró a EFE el religioso Edison Zamora.
El activista Alfredo Leiva también consideró “urgente” derogar la ley de minería y tomar acciones para impedir esta actividad en el país. Señaló que “si queremos preservar la vida en este país, es necesario tomar acciones y una de esas acciones es derogar la ley de minería”. Añadió que “la minería no trae ningún beneficio para el país, y si lo hubiera no sería para el pueblo”. “No compensa el beneficio económico al daño ambiental y a la vida que esos proyectos mineros causarían”, subrayó.
Opinión pública y amenazas a defensores
De acuerdo con una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), el 67,3 % de la población considera que la minería beneficia poco o nada a los salvadoreños.
Los asistentes a la caminata también expresaron su preocupación por “las amenazas que enfrentan quienes defienden el agua, la tierra y la vida” en El Salvador. “Observamos con inquietud la exclusión de comunidades en los espacios de participación, lo que profundiza las desigualdades y la pobreza estructural del país”, apuntó Zamora.
Según diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales, unos 130 defensores de derechos humanos y ambientalistas, abogados y periodistas han tenido que salir al exilio debido al acoso policial y judicial que enfrentan por ser voces críticas del Gobierno de Bukele. La mayoría de estas salidas se produjeron después de la detención de activistas en 2025.
