Mientras que países vecinos como Colombia logran certificar tendencias definitivas en cuestión de un par de horas tras el cierre de las urnas, Perú se enfrenta nuevamente a un agónico y prolongado proceso para conocer a su próximo presidente. Tras la jornada del balotaje de este domingo, donde menos de una décima de punto porcentual separa a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con más del 93 % de las actas procesadas, la historia de demoras e incertidumbre institucional vuelve a repetirse en el país andino.
Antecedentes de un proceso complejo
Muchos en el país tienen el vivo recuerdo del caos de la primera vuelta. El pasado 12 de abril, los ciudadanos debieron votar simultáneamente en cinco elecciones distintas (presidencial, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino) bajo una dispersión inédita de 35 candidaturas presidenciales, lo que multiplicó el volumen de actas y ralentizó el conteo inicial. Solo hasta el 15 de mayo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó con el 100 % del conteo.
A diferencia de Perú, el sistema colombiano desglosa su calendario legislativo y presidencial en jornadas separadas, reduciendo la complejidad del escrutinio final. Además, hubo 13 candidaturas presidenciales en Colombia, un tercio del grupo de aspirantes peruanos. Esto, sin duda, contribuyó a que el conteo fuera más lento.
Problemas estructurales y logísticos
Pero el diseño estructural de los procesos peruanos no es el único problema acá. A la carga burocrática se sumaron graves fallos logísticos durante la primera ronda en Perú, como el retraso en la distribución de material electoral que obligó a extender la votación de manera extraordinaria. Esto derivó en la impugnación de muchas actas.
“El objetivo de impugnaciones masivas, incluso en zonas donde el candidato que reclama está relegado, es restar votos al contrincante y alargar todo el proceso”, dijo a la AFP el politólogo Fernando Tuesta. En un contexto de extrema paridad como lo es el caso peruano, las agrupaciones políticas recurren a la judicialización sistemática de los votos observados, un proceso de revisión que toma aproximadamente tres días por acta, lo que dilata más el desenlace.
Garantías en medio de la desconfianza
En entornos con instituciones debilitadas, ante una profunda desconfianza ciudadana y la inestabilidad crónica, el procesamiento de cada acta es la única garantía para blindar la legitimidad del resultado. Pero, ¿por qué entonces, si en la segunda vuelta solo hay dos candidatos y una sola papeleta, el conteo sigue bajo un ritmo agónico?
El retraso actual responde a una combinación de condiciones geográficas y estrategias legales. Por un lado, las actas procedentes de las zonas rurales más alejadas de la sierra y la selva profunda, que históricamente favorecen a la izquierda, demoran más en ser trasladadas y procesadas. A esto se suma el voto en el extranjero, decisivo para la derecha, cuyas actas ni siquiera habían ingresado al sistema oficial al comenzar el lunes debido a los tiempos de envío consular, obligando a las autoridades a avanzar a cuentagotas.
El impacto del empate técnico
El segundo factor clave es el incentivo que genera el “empate técnico”. Cuando la distancia entre ambos candidatos es de apenas unas décimas de punto, menos de 32.000 votos al 93 % del escrutinio, cada acta se convierte en una trinchera jurídica, como señalaba Tuesta. Los personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú impugnan masivamente cualquier acta con el más mínimo error de llenado o mancha tipográfica con el fin de congelar esos votos. Estas actas “observadas” salen del conteo rápido de la ONPE y deben ser enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para una revisión manual que tarda días, convirtiendo un trámite meramente matemático en una prolongada batalla legal.
Ante el estrecho margen actual, donde hay que entender entonces que el voto rural de las últimas horas ha impulsado a Sánchez y el voto extranjero comienza a procesarse en favor de Fujimori, las autoridades electorales han pedido calma a una ciudadanía habituada a que su destino político se defina por apenas un puñado de votos. Como señaló la propia candidata Fujimori, es “irresponsable” declarar un ganador en este momento.
