La situación financiera del sistema de salud colombiano continúa mostrando señales de deterioro. Así lo evidencia la más reciente actualización del estudio de cartera presentado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), según el cual las cuentas por cobrar de sus compañías afiliadas alcanzaron los $4,42 billones al cierre del primer trimestre de 2026.
El alcance de la deuda
La cifra corresponde únicamente a las 29 empresas afiliadas al gremio, que reúne a algunas de las compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo más importantes del mundo con operaciones en Colombia, entre ellas AbbVie, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, GSK, Janssen, Lilly, Merck, MSD, Novo Nordisk, Pfizer, Roche y Sanofi, entre otras.
El estudio, elaborado en conjunto con la firma Sectorial, busca medir el comportamiento de las cuentas por cobrar de los laboratorios afiliados y ofrecer una radiografía sobre la liquidez del sistema de salud. Los resultados muestran que de los $4,42 billones adeudados a estas compañías, cerca de $1,6 billones corresponden a cartera vencida, es decir, obligaciones que superan los plazos de pago acordados entre los laboratorios y sus deudores.
En términos porcentuales, el nivel de vencimiento alcanza el 37 %, un indicador que, según los autores del informe, confirma que los problemas de flujo de recursos siguen profundizándose. “Lo que estamos midiendo es cómo están esas cuentas por cobrar de los laboratorios afiliados a Afidro. Encontramos una cartera de $4,4 billones y que el 37 % de esa cartera se encuentra vencida, es decir, está por encima de los plazos pactados con los diferentes deudores”, explicó Alejandro Escobar, director de Sectorial.
Un problema que nace en la financiación del sistema
Para Escobar, las dificultades de cartera son la consecuencia visible de un problema más profundo relacionado con la financiación del sistema de salud. Según explicó durante la presentación del informe, el presupuesto administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) alcanzó cerca de $101 billones en 2025. Sin embargo, los recursos dependen principalmente de dos fuentes que actualmente enfrentan presiones significativas: las finanzas públicas y las contribuciones de los trabajadores.
A esto se suma, según el análisis de Sectorial, una insuficiencia creciente de recursos frente a las necesidades de atención. La firma calculó que durante 2025 los recursos efectivamente destinados a la atención en salud fueron de $94 billones. Sin embargo, el comportamiento de costos y gastos del sistema generó una siniestralidad promedio de 111,5 %, lo que significa que los ingresos no alcanzaron para cubrir las obligaciones. “Si el sistema recibió 100 billones, terminó enfrentando compromisos cercanos a 111 billones. Había una diferencia de aproximadamente 11 billones que no alcanzó a ser cubierta”, explicó Escobar.
Un déficit de hasta $10 billones para 2026
Con base en esas cifras, Sectorial realizó una estimación de las necesidades financieras para 2026. El ejercicio concluyó que el sistema requeriría alrededor de $112,4 billones para cubrir adecuadamente las atenciones en salud durante este año. De ese monto, $107,3 billones corresponderían al Plan de Beneficios en Salud financiado por la UPC y otros $5,1 billones a tecnologías y servicios financiados mediante Presupuestos Máximos.
Sin embargo, al comparar esas necesidades con los recursos apropiados para la vigencia actual, la firma encontró una brecha cercana a los $10 billones. “Nuestro cálculo muestra un déficit aproximado de $10 billones para 2026: cerca de $6 billones por el lado de la UPC y alrededor de $4 billones por Presupuesto Máximo”, explicó Escobar.
El analista señaló que la eventual inyección de recursos adicionales mediante un documento Confis podría reducir parcialmente el faltante, aunque todavía existe incertidumbre sobre su destinación específica. A ello se suma un problema acumulado. “Cuando tomamos las estimaciones de distintos actores y agregamos los déficits de años anteriores, encontramos un faltante financiero acumulado que puede ubicarse entre $37 billones y $40 billones”, afirmó.
La cartera no se redujo: parte fue castigada
Aunque la cartera total reportada por los laboratorios disminuyó frente al cierre de 2025, pasando de $4,7 billones a $4,42 billones, Escobar aclaró que ello no obedece a una mejora real en los pagos. Por el contrario, explicó que numerosas compañías comenzaron a castigar parte de sus cuentas por cobrar, es decir, a retirarlas de sus balances contables debido a las bajas probabilidades de recuperación.
“Los laboratorios han empezado a identificar qué cartera consideran prácticamente imposible de recuperar. Esa cartera se castiga y se elimina del balance, no porque haya sido pagada, sino porque las probabilidades de recaudo son muy bajas”, señaló.
La cartera castigada alcanzó $325.300 millones a marzo de 2026, frente a apenas $47.400 millones un año atrás. Ese valor representa el 7,36 % de la cartera total de los afiliados. Si esos recursos se reincorporaran al cálculo general, la deuda real ascendería a aproximadamente $4,7 billones y el porcentaje de vencimiento subiría del 37 % al 41 %. “Cuando se incluyen los castigos, encontramos que la cartera no es de $4,4 billones sino cercana a $4,7 billones, y el nivel de vencimiento ya no es del 37 %, sino del 41 %”, explicó.
Los gestores farmacéuticos concentran la mayor deuda
El informe identifica a los gestores farmacéuticos como los principales deudores de la industria. Este segmento concentra cerca de $2,8 billones de la cartera total, equivalentes a más del 62 % de las cuentas por cobrar reportadas por las compañías afiliadas a Afidro. De ese monto, alrededor de $1,1 billones están vencidos.
Además, el deterioro ha sido acelerado. Mientras en 2023 el nivel de vencimiento rondaba el 18 %, para marzo de 2026 ya alcanzaba el 40 %, porcentaje que se eleva al 44 % al incluir la cartera castigada.
Los laboratorios también reportan cartera directa con EPS e IPS. En el caso de las EPS, la situación resulta especialmente compleja: el 67 % de las cuentas por cobrar se encuentra vencido y, al incluir castigos, el indicador llega al 74 %. Por el contrario, el comportamiento de pago de las IPS presenta menores niveles de deterioro. El vencimiento en este segmento ronda el 24 % y la cartera castigada apenas representa el 0,1 %.
Facturas que tardan más de siete meses en pagarse
Otro de los hallazgos más preocupantes tiene que ver con los tiempos de recaudo. Actualmente, los laboratorios afiliados a Afidro establecen plazos promedio de pago de 106 días. Sin embargo, el tiempo real que tardan en recuperar sus recursos es casi el doble.
En diciembre de 2023, una factura emitida por un laboratorio se pagaba, en promedio, después de 125 días. Hoy ese indicador llegó a 204 días. Cuando se incorporan las cuentas castigadas, el tiempo promedio de recaudo aumenta hasta 214 días. “Un laboratorio está esperando más de siete meses para recuperar los recursos de medicamentos que ya entregó al sistema de salud. Ese indicador pasó de 126 días a 214 días cuando incluimos los castigos”, explicó Escobar.
Más gasto de bolsillo para los pacientes
El informe también encontró señales de un desplazamiento progresivo de la demanda hacia el canal comercial. Mientras en 2025 este representaba el 20,9 % de la actividad de la industria, en el primer trimestre de 2026 alcanzó el 26,59 %. Para Sectorial, este comportamiento está asociado al crecimiento del gasto de bolsillo de los hogares, fenómeno que Afidro ya había documentado junto con Algebra Labs. Según ese estudio, entre 2022 y 2024 el gasto de bolsillo en salud aumentó 63,4 % entre los hogares de menores ingresos.
Desde la perspectiva del gremio, el deterioro financiero no afecta únicamente a laboratorios, gestores, EPS o prestadores, sino que termina trasladándose a los pacientes mediante barreras para acceder oportunamente a medicamentos y tratamientos. “Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia. Por eso insistimos en que la sostenibilidad del sistema de salud debe convertirse en una prioridad nacional y que el paciente debe mantenerse en el centro de cualquier decisión”, concluyó Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro.
