La Procuraduría General de la Nación anunció la concertación de varios compromisos entre contratistas y el Ministerio de Transporte con el propósito de avanzar en una solución definitiva a los problemas que afectan la Troncal del Carare, una de las principales vías de conexión del sur de Santander con el resto del país.
Compromisos alcanzados tras el deslizamiento
Los acuerdos fueron alcanzados en el marco de las acciones de seguimiento lideradas por el Ministerio Público para atender la emergencia generada por un desplazamiento en masa registrado el 25 de octubre de 2025, fenómeno natural que ocasionó graves afectaciones en la región. La emergencia arrasó viviendas, destruyó cultivos, interrumpió servicios públicos esenciales y provocó severas dificultades de movilidad para cientos de familias de los municipios ubicados en el corredor vial. La magnitud de los daños llevó a las autoridades a declarar la calamidad pública tanto a nivel municipal como departamental.
Medidas para recuperar la conectividad
Como parte de los compromisos adquiridos, se trabajará en la habilitación temporal del tránsito vehicular en sectores estratégicos de los municipios de Vélez, Landázuri y Cimitarra, con el fin de aliviar el impacto económico y social que ha generado el cierre y las restricciones en esta importante carretera nacional. La Procuraduría destacó la necesidad de acelerar las acciones técnicas, administrativas y contractuales que permitan recuperar la conectividad de la zona y garantizar condiciones seguras para los usuarios de la vía.
Importancia estratégica de la Troncal del Carare
La Troncal del Carare es uno de los corredores viales más importantes para Santander, ya que comunica a municipios del sur del departamento con el Magdalena Medio y facilita el transporte de productos agrícolas, ganaderos y mercancías hacia diferentes regiones del país. Desde el deslizamiento ocurrido en octubre de 2025, comunidades, transportadores y sectores productivos han advertido sobre las pérdidas económicas derivadas de las restricciones de movilidad, el aumento en los tiempos de desplazamiento y las dificultades para sacar sus productos a los mercados.
La intervención de la Procuraduría busca destrabar los procesos necesarios para la recuperación de la vía y garantizar una solución definitiva que permita restablecer plenamente la conectividad en una zona estratégica para la economía santandereana.
