Salamanca, 9 jun (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Salamanca ha decidido apartar temporalmente de la docencia al concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota, quien ingresó al Ayuntamiento en 2023 por Vox, luego de que se presentara una denuncia en su contra por sumisión química. La acusación proviene de alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura.
Reacción del concejal y del Colegio de la Abogacía
Consultado por EFE, el entorno del concejal y abogado afirmó que aún no ha recibido ninguna denuncia formal y que no podrá pronunciarse hasta conocer los hechos denunciados. Según el medio digital Salamanca 24 horas, los hechos ocurrieron el pasado jueves durante la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca.
En un comunicado, el Colegio de la Abogacía señaló: "Con carácter preventivo, sin prejuzgar los hechos y respetando la presunción de inocencia, hemos acordado en la Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el 8 de junio de 2026, apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas, en tanto se esclarecen los hechos denunciados". La asociación profesional expresó "su máxima preocupación por los hechos denunciados y su absoluto apoyo hacia las personas afectadas" y subrayó que, desde que su Junta de Gobierno tuvo conocimiento de la situación, "ha adoptado medidas inmediatas orientadas a garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas, así como el normal desarrollo de la actividad académica".
Reacciones políticas
El PSOE fue el primer partido político en reaccionar. Su portavoz municipal, María Sánchez, manifestó que "debe respetarse escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales", pero también que "el silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público". Los socialistas advirtieron que, si la investigación judicial avanza, exigirán la dimisión del concejal del grupo mixto, quien este martes acudió a una comisión municipal, según fuentes del partido de María Sánchez.
Izquierda Unida, que perdió su representación municipal en las elecciones de 2023, solicitó directamente la dimisión del concejal mediante un comunicado, al considerar que las acusaciones "son suficientemente graves" al tratarse de "una forma de violencia contra la mujer".
