El asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta representa una agresión contra Colombia entera. Con una larga trayectoria como periodista judicial, Herrera ya había tenido que exiliarse en Chile y contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2014. A pesar de que trabajaba para la alcaldía de Cúcuta y aportaba información a la Secretaría de Seguridad, la institucionalidad le falló. Sicarios lo mataron frente a su familia en un barrio residencial de la capital de Norte de Santander.
Un contexto de violencia e impunidad
No se puede hablar de una reducción en las cifras de inseguridad cuando hechos como este ocurren en plena luz del día en una capital departamental. Este crimen es un fracaso de la Alcaldía de Jorge Acevedo, la Gobernación de William Villamizar y el Gobierno Nacional de Gustavo Petro. Herrera era un periodista valiente que construyó su carrera como investigador judicial en un territorio de frontera disputado por múltiples actores ilegales, en complicidad con autoridades legales.
Cúcuta lleva años sumida en una crisis provocada por la influencia del contrabando, el narcotráfico, el ELN, las disidencias de las FARC y la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. A esto se suma la indiferencia estatal desde Bogotá y una larga lista de alcaldes, gobernadores y concejales que terminan envueltos en problemas con la justicia. En ese contexto, ejercer el periodismo con poca financiación y menos protección es un acto de fe.
El legado de un periodista comprometido
Cristian Herrera creía en el valor de la información y en poner la lupa donde los poderosos no quieren que haya pesquisas. Por eso era reconocido en su comunidad, respetado por sus colegas y recibió el Premio Colprensa en 2013, el Premio Nacional Semana en 2016 y el Premio Orlando Sierra al Coraje Periodístico en 2020. Sin embargo, en Colombia hacer buen periodismo no protege de quienes buscan la complicidad del silencio.
Como señaló la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “Herrera había recibido múltiples amenazas que en algún momento lo obligaron a exiliarse en Chile. Contaba con un esquema de seguridad que resultó insuficiente, demostrando que Colombia no ha logrado romper un ciclo de violencia contra periodistas. Este entorno de impunidad deja el mensaje de que en cualquier momento las amenazas pueden ser consumadas, manteniendo un ambiente de intimidación permanente contra quienes informan en las regiones”.
Reacciones y exigencias de justicia
El rechazo ha sido contundente. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, calificó a Herrera como un “amigo” y aseguró que “esto no va a quedar impune”. La Procuraduría pidió investigaciones, al igual que la UNP, que aclaró que el periodista rechazó el acompañamiento de escoltas. El Ministerio de Justicia también se sumó al coro de rechazos y solicitó a la Fiscalía diligencia en las investigaciones.
Sin embargo, queda el sinsabor de que en Cúcuta los casos de sicariato se han vuelto noticia periódica sin que haya manera de evitarlos. La Defensoría del Pueblo acertó en su diagnóstico: “El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información. La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida”.
De poco sirven las declaraciones. La tragedia de Herrera no tiene vuelta atrás. Su familia tendrá que cargar el duelo de una pérdida inconmensurable y el trauma de haber presenciado la violencia contra su ser querido. Los periodistas de la región recibieron atentamente el mensaje enviado por el terror. Cuando se pierde una voz, el miedo se contagia. Exigimos justicia y protección para quienes apuestan por la búsqueda de la verdad.
