Un tribunal en A Coruña ha condenado a un año de prisión a un hombre por incumplir una orden de alejamiento que protegía a su expareja. La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, considera probado que el acusado violó la medida cautelar impuesta para garantizar la seguridad de la víctima.
Detalles del caso
Según los hechos declarados probados, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, mantuvo una relación sentimental con la víctima, la cual finalizó con la imposición de una orden de alejamiento tras denuncias previas por violencia de género. A pesar de la prohibición expresa de acercarse a la mujer o comunicarse con ella, el acusado fue sorprendido en las proximidades del domicilio de su expareja, incumpliendo así la medida judicial.
Consecuencias legales
El tribunal consideró que el incumplimiento de la orden de alejamiento constituye un delito tipificado en el artículo 468 del Código Penal, que castiga la quebrantamiento de condena. La pena impuesta es de un año de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un período de tres años. Asimismo, se le impuso el pago de las costas procesales.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña. La defensa del condenado ha anunciado su intención de presentar un recurso de apelación, argumentando que no existió intención de quebrantar la orden y que el encuentro fue fortuito.
Reacciones y contexto
Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han valorado positivamente la condena, destacando que demuestra la firmeza del sistema judicial ante los incumplimientos de las medidas de protección. "Es fundamental que se sancione cualquier violación de las órdenes de alejamiento para garantizar la seguridad de las víctimas", señaló una portavoz de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas.
Este caso se suma a otros similares en Galicia, donde las autoridades han intensificado los controles para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares en casos de violencia de género. Según datos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, durante el último año se registraron más de un centenar de denuncias por quebrantamiento de condena en la comunidad autónoma.
