La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo absolutorio a favor del representante a la Cámara César Cristian Gómez Castro, militante del partido Liberal. El congresista enfrentaba acusaciones por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y tráfico de influencias. Todos estos señalamientos estaban relacionados con su gestión como alcalde de Popayán (Cauca) durante el año 2016.
Los hechos investigados
De acuerdo con la investigación, cuando Gómez Castro ocupaba la alcaldía, debió ausentarse y dejó como alcaldesa encargada a Claudia Ximena García. Fue durante ese periodo, el 11 de marzo de 2016, cuando se suscribió un convenio con la Fundación Tortuga Triste. El objetivo de dicho acuerdo era “aunar esfuerzos administrativos y financieros para ejecutar la agenda artística y cultural del municipio de Popayán enmarcada en la Semana Santa de 2016”.
Al regresar a sus funciones, el entonces alcalde determinó que la Fundación Tortuga Triste no era la entidad idónea para cumplir con el convenio. Por ello, el 15 de marzo de 2016, Gómez Castro firmó un otrosí con la Fundación Fundexo, una organización vinculada a su esposa, y con la Litografía San José S.A., propiedad de Jovanna Satizábal, quien había trabajado en su campaña política.
La postura de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la Fundación Tortuga Triste había fungido como una “fachada” para favorecer indebidamente a la Fundación Fundexo, que finalmente ejecutó el convenio. Además, señaló que esta última recibió donaciones privadas de empresarios a quienes el alcalde solicitó apoyo para la campaña “Popayán te abraza”.
Decisión de la Corte Suprema
Sin embargo, al analizar de manera detallada cada uno de los hechos, el alto tribunal concluyó que las pruebas presentadas por el ente investigador no eran suficientes ni concluyentes para condenar al ahora representante a la Cámara. La Corte determinó que existían dudas razonables sobre su responsabilidad.
“Se demostró en el juicio que no fue él la persona que firmó el convenio con la Fundación Tortuga Triste, sino que se trató de la alcaldesa encargada Claudia Ximena García”, señala la decisión judicial. Asimismo, el tribunal indicó que “la fiscalía incurrió en prácticas inadecuadas al formular los hechos jurídicamente relevantes. En efecto, incluyó un resumen de la denuncia así como referencias a algunas entrevistas, transcripciones parciales de grabaciones e incluso alusiones a notas periodísticas”.
Por estas razones, la Corte Suprema absolvió al congresista y ordenó levantar de manera inmediata todas las medidas cautelares impuestas en su contra, así como cancelar cualquier anotación registral relacionada con el caso.
