La construcción de una nueva sede para la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ubicada en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, permanece paralizada debido a amenazas y extorsiones. Según la Defensoría del Pueblo, estas acciones ilegales estarían afectando la culminación de la obra, que busca ampliar la capacidad de atención del centro educativo.
Inversión educativa en riesgo
La situación no solo retrasa una inversión destinada a mejorar las condiciones de aprendizaje de cientos de estudiantes, sino que también pone en evidencia los problemas de seguridad que persisten en las zonas rurales del principal puerto sobre el Pacífico colombiano. La obra, financiada con recursos del Fondo de Financiamientos de la Infraestructura Educativa (FFIE), beneficiaría a cerca de 500 estudiantes que actualmente enfrentan limitaciones de espacio para desarrollar sus actividades académicas.
Denuncia de la Defensoría del Pueblo
La denuncia fue realizada por el defensor regional del Pacífico, David Torres, quien aseguró que "la extorsión no deja que podamos hacer una sede educativa en la Institución de Praga". La Defensoría del Pueblo alertó sobre intimidaciones contra la rectora de la institución educativa, quien estaría recibiendo amenazas y exigencias económicas ilegales pese a no tener relación directa con la contratación de la obra. El ente de control indicó que ha realizado acompañamiento a la docente, además de poner la situación en conocimiento de las autoridades competentes y coordinar acciones con la Secretaría de Educación.
Violencia sigue afectando la educación en Buenaventura
La denuncia se suma a las alertas que durante los últimos años han emitido organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos sobre las dificultades que enfrentan docentes y estudiantes en zonas rurales de Buenaventura. Según la Defensoría del Pueblo, en esta región tienen presencia estructuras armadas ilegales como el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Las investigaciones buscan establecer si alguno de estos grupos tendría relación con las amenazas denunciadas. Gremios educativos también han advertido que varios docentes han tenido que abandonar temporalmente algunas comunidades rurales por razones de seguridad, lo que ha dejado a algunos estudiantes sin clases.
Piden garantizar la inversión educativa
La Defensoría insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan proteger a la comunidad educativa y garantizar la ejecución de la obra. Asimismo, solicitó acelerar las investigaciones para identificar a los responsables de las presuntas extorsiones y evitar que una inversión destinada a fortalecer la educación rural continúe detenida.
