Un nuevo foco de incertidumbre sacude al sector cafetero colombiano ante la inminente expiración, el próximo 7 de julio de 2026, del contrato que permite a la Federación Nacional de Cafeteros administrar el Fondo Nacional del Café. A menos de un mes del vencimiento, no hay avances concretos sobre una eventual renovación ni una postura clara del Gobierno frente al futuro de este mecanismo.
La incertidumbre se agrava por las tensiones entre la administración del presidente Gustavo Petro y la Federación. Desde el inicio de su mandato, Petro ha expresado reparos sobre el funcionamiento de algunos gremios y ha cuestionado la gestión de los recursos parafiscales del café, lo que alimenta dudas sobre la continuidad del modelo de administración vigente por décadas.
Implicaciones de no renovar el contrato
La renovación no es un mero trámite administrativo, sino una decisión con impacto directo en el manejo de recursos, programas de apoyo y la comercialización del grano. Según Andrés Valencia, exministro de Agricultura, el mayor riesgo de que la administración del Fondo salga de la Federación es la posible pérdida de la garantía de compra, pilar histórico de la institucionalidad cafetera.
Valencia señaló que la Federación cuenta con presencia territorial, capacidad logística y conocimiento especializado que han sostenido un esquema de respaldo a productores, especialmente en épocas de volatilidad. Trasladar la administración a una entidad pública podría generar ineficiencia y politización, afectando la garantía de que los caficultores tengan una institución fuerte con más de 100 años de trayectoria.
Estructura actual y riesgos operativos
El exministro afirmó que ninguna entidad pública o privada tiene hoy la estructura necesaria para reemplazar a la Federación en la administración del Fondo. Además, el Fondo Nacional del Café es atípico: por su relevancia macroeconómica, el contrato lo negocia el Ministerio de Hacienda, no Agricultura.
Una fuente cercana al proceso, que pidió anonimato, indicó que técnica y jurídicamente no hay obstáculos para renovar. El contrato negociado hace una década es robusto y actualizado, por lo que una prórroga podría ser rápida, pero requiere decisión política. La demora podría interrumpir el recaudo de aportes de los productores, ya que se necesita un contrato vigente para recibir esos recursos.
Postura de exportadores y próximos pasos
Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, recordó que la ley establece que la administración del Fondo debe recaer en la entidad más representativa del sector, es decir, la Federación. Para los exportadores, es clave mantener reglas claras, el recaudo y la estructura portuaria para exportar el grano.
Portafolio confirmó que la Federación envió una carta al alto gobierno advirtiendo sobre el vencimiento. Tras semanas sin respuesta, se designó a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, para avanzar en las condiciones de renovación. Para el miércoles 10 de junio se programó una reunión clave con la funcionaria.
Sin embargo, persiste la preocupación de que no se logre un acuerdo, no solo por el poco tiempo, sino porque la licencia de Carvajalino como Procuradora Judicial Agraria está por terminar. Aunque la ministra ha mostrado capacidad de consenso técnico, como en el caso de los arroceros, fuentes indican que no comparte la reciente radicalización del discurso político y preferiría retornar a su cargo en la Procuraduría.
El sector cafetero teme que la falta de renovación afecte la garantía de compra, el recaudo de aportes y la institucionalidad que ha respaldado a los productores durante un siglo. La decisión final está en manos del Gobierno, que debe definir si mantiene el modelo actual o arriesga un cambio con consecuencias inciertas.
