La controversia sobre el futuro de los servicios financieros y postales en Colombia se ha reactivado tras la publicación de un nuevo proyecto de decreto por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La iniciativa busca actualizar las condiciones de operación de los servicios de giros y pagos postales, incorporando nuevas modalidades transaccionales y herramientas digitales.
El proyecto, abierto a comentarios ciudadanos hasta el 12 de junio de 2026, propone que los operadores postales puedan ofrecer servicios de giros, depósitos y transferencias a través de las denominadas “cuentas postales”. Esta figura ha generado preocupación en el ecosistema financiero y fintech del país.
Colombia Fintech expresa sus reparos
La Asociación Colombia Fintech manifestó nuevamente sus objeciones frente a la iniciativa. Aunque reconoce que la versión más reciente del proyecto incluye medidas adicionales para fortalecer la seguridad, considera que el texto mantiene elementos que podrían generar una competencia desigual frente a las entidades financieras y las fintech que operan bajo estrictos esquemas de supervisión.
El principal punto de controversia, según el gremio, es que la propuesta amplía significativamente el alcance de los servicios postales. Actualmente, estos operadores se limitan a facilitar el envío de recursos entre usuarios, mientras que el nuevo modelo les permitiría administrar fondos mediante cuentas propias, una actividad tradicionalmente reservada a entidades vigiladas por las autoridades financieras.
“Un operador postal no es una entidad financiera y no debe administrar recursos del público bajo estándares inferiores a los que hoy cumplen bancos, SEDPEs y fintechs. Este decreto crea un riesgo sistémico y una asimetría normativa preocupante”, afirmó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.
Antecedentes y preocupaciones
La asociación recordó que propuestas similares han sido cuestionadas en el pasado por el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, debido a los riesgos que implica la administración de recursos del público por fuera del sistema financiero tradicional.
Protección de los usuarios
Entre las principales preocupaciones está la protección de los usuarios. A diferencia de los depósitos en entidades financieras, las cuentas postales no estarían cubiertas por el seguro de depósitos administrado por Fogafín, lo que podría dejar a los ciudadanos sin respaldo en caso de insolvencia o fraudes.
Prevención de lavado de activos
Otro aspecto que genera inquietud es la prevención del lavado de activos. El gremio sostiene que las exigencias para los operadores postales serían inferiores a las que deben cumplir bancos, cooperativas y fintech autorizadas, que operan bajo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Arbitraje regulatorio
La asociación advierte sobre un posible arbitraje regulatorio. Mientras las entidades financieras deben cumplir requisitos de capital, solvencia, gestión de riesgos y supervisión especializada, los operadores postales podrían ofrecer servicios similares con menores cargas. Además, la vigilancia recaería sobre MinTIC y no sobre la Superintendencia Financiera.
Impacto en la interoperabilidad
Colombia Fintech alertó sobre el impacto que las cuentas postales podrían tener en los avances de interoperabilidad de pagos. Según el gremio, la creación de sistemas paralelos podría dificultar la integración con iniciativas como Bre-B y el Sistema de Pago de Bajo Valor Inmediato, diseñados para facilitar transacciones digitales.
Para la asociación, Colombia ya cuenta con mecanismos para impulsar la inclusión financiera en regiones apartadas, como las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) y las redes de corresponsales. Fortalecer estas herramientas sería una alternativa más segura que permitir la administración de recursos del público por actores no regulados financieramente.
