La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha notificado la inclusión de Colombia en la lista de naciones bajo observación en su informe técnico, elaborado conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El organismo concluyó que el país no cuenta con una prohibición legal integral para restringir la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.
Riesgo arancelario del 12,5%
Este hallazgo sitúa a los exportadores nacionales frente a una propuesta arancelaria del 12,5 por ciento debido al riesgo derivado del origen de las materias primas o componentes provistos por terceros países. De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) correspondientes a abril de 2026, Estados Unidos es el principal comprador de la producción nacional, representando el 31 por ciento del valor total despachado por el país.
Investigación de la USTR
La investigación comenzó el 12 de marzo de 2026, abriendo 60 procesos simultáneos sobre economías que concentran el 99,4 por ciento de las importaciones que ingresan a Estados Unidos. En el reporte final del 3 de junio de 2026, el organismo dividió los hallazgos en dos niveles de gravedad. El primer grupo abarca a Canadá, México, Ecuador, la Unión Europea, Pakistán e Indonesia, naciones que poseen leyes prohibitivas pero fallan en su aplicación, asignándoles un arancel propuesto del 10 por ciento. Colombia fue ubicada en la categoría más crítica junto a otras 53 economías por carecer de un marco legal explícito y de mecanismos de fiscalización de la cadena de suministro.
Estados Unidos verifica directamente que Colombia implemente acciones, planes y medidas institucionales orientadas a constatar que las empresas exportadoras locales y sus proveedores tengan mecanismos internos verificables para controlar o evitar el trabajo forzoso en sus líneas de producción. Al no acreditarse esta vigilancia regulatoria, las industrias colombianas que utilicen materias primas como el algodón de la región de Xinjiang, el polisilicio o el aluminio, o componentes de Birmania y Malawi, se arriesgan a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) las identifique como puentes comerciales para evadir las restricciones estadounidenses, activando revisiones e inspecciones severas sobre sus exportaciones. El informe confirma la exposición en las ventas externas de aluminio, algodón, electrónica, baterías de litio, níquel y aceite de palma.
Asimetría arancelaria y contracción de ventas externas
La clasificación de la USTR establece una penalización tributaria diferenciada que genera una brecha en contra de Colombia de 2,5 puntos porcentuales frente a competidores directos de la región que recibirán el gravamen del 10 por ciento. Para textiles y confecciones se diseña una cuota con tasa reducida, pero en los demás sectores la diferencia altera las condiciones comerciales. Este entorno regulatorio coincide con la contracción de las exportaciones agrícolas y manufactureras reportada en abril de 2026. El grupo agropecuario, alimentos y bebidas decreció un 27,0 por ciento, totalizando 1.021 millones de dólares. Esta caída respondió al desplome del 49,9 por ciento en las ventas de café sin tostar y al retroceso del 20 por ciento en flores y follaje cortados, lo que restó en conjunto 19,6 puntos porcentuales a la variación del sector.
Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, advirtió sobre la exposición de este sector, recordando que EE. UU. recibe más del 40% del grano nacional y que, según sus palabras, "detrás de cada taza hay más de 540.000 familias cafeteras que encuentran en el café una fuente de ingresos, estabilidad y esperanza", en una cadena que representa una actividad de 343 mil millones de dólares, equivalente al 1,3 por ciento del PIB estadounidense. El reporte de la USTR también asocia riesgos relacionados con el algodón en confecciones, minerales críticos en la lista de la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata (TVPRA) como el níquel y el aceite de palma.
Plazos institucionales
Las medidas arancelarias propuestas por la USTR no se aplican de manera automática debido a que el proceso se encuentra en fase de consultas públicas y recepción de comentarios. El cronograma oficial estipula que el 22 de junio de 2026 vence el plazo para solicitar la participación en las audiencias, el 6 de julio es la fecha límite para radicar observaciones escritas sobre los aranceles y el 7 de julio se iniciarán las audiencias públicas para evaluar las acciones comerciales.
Ante este escenario, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), manifestó que "lo primero es que esto no es automático, el proceso está en curso y deberíamos antes del 6 de julio desarrollar y adoptar acciones que nos permitan alinearnos con los países que mantienen el 10 por ciento de arancel". El directivo gremial añadió que "hay algunos productos que se verían afectados si no actuamos" y sostuvo que "si bien siguen aplicando excepciones a productos claves de interés para Colombia como café, banano, aguacate y otros, hay algunos rubros en los que sí nos vamos a ver afectados". Al ser consultado sobre si las entidades oficiales, como el Ministerio de Comercio de Colombia, ya adelantan gestiones frente a Washington, indicó: "No sé, pero pediremos que lo hagan".
Desde la perspectiva gremial binacional, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), advirtió que "la investigación de la USTR debe ser tomada con la mayor seriedad. Aunque aún no hay una decisión definitiva, Colombia tiene hasta el 6 de julio para actuar de manera proactiva y presentar una respuesta técnica que evite una eventual afectación arancelaria a sus exportaciones".
Las recomendaciones planteadas para mitigar la exposición del país contemplan la adopción de una prohibición legal explícita contra la importación de mercancías ligadas al trabajo forzoso —homóloga a la Sección 307 de la Ley Arancelaria de EE. UU. de 1930—, el desarrollo de herramientas de verificación aduanera para cadenas de suministro y la exigencia de debida diligencia a los importadores locales. De acuerdo con AmCham Colombia, de no registrarse estas acciones institucionales, el análisis sectorial advierte sobre riesgos corporativos independientes de los aranceles estatales, que consisten en la exigencia inmediata de auditorías por parte de compradores privados estadounidenses, la pérdida de líneas de financiación ligadas a fondos de inversión sostenible (ESG) y un desvío irreversible de la capacidad productiva hacia competidores de la región, aun cuando las ventas externas del primer cuatrimestre reporten un crecimiento acumulado del 14,5 por ciento, con 18.403 millones de dólares.
