El reciente anuncio del gobierno nacional de rechazar la propuesta de IP Conexión Centro, que planteaba una inversión cercana a $7 billones en las denominadas Autopistas del Café, ha generado gran preocupación en el sector empresarial colombiano. No es un tema menor: la idea de limitar o eliminar la inversión privada y la participación del sistema financiero en el sector de infraestructura tendrá graves consecuencias para la economía, en el mediano y largo plazo. Colombia parece dispuesta a dar un paso atrás en uno de los pocos modelos que ha permitido cerrar, así sea parcialmente, su brecha histórica en infraestructura.
Más de treinta años de concesiones
Han pasado más de treinta años desde la implementación del modelo de concesiones en Colombia. Aunque imperfecto, este esquema ha impulsado la infraestructura de un país que parecía condenado al atraso por el viejo modelo de obra pública y los escasos recursos. Los resultados son evidentes: desde 1991, el sistema ha traído billones de pesos en inversiones, miles de nuevos empleos, kilómetros de vías construidas y mejoras sustanciales en puertos y aeropuertos. Más recientemente, también ha beneficiado otro tipo de obras. A estos logros se suman los avances en conocimiento y tecnología para el sector. Parte de la competitividad que hoy tiene el país, aunque aún insuficiente, se explica por ese esquema.
Participación del sistema financiero
Más allá de las dificultades superadas y las que persisten, el modelo ha permitido la participación del sistema financiero, que ha movilizado grandes recursos y verifica el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluyendo las técnicas, en los contratos de concesión. Sin el sector financiero, la mayoría de estos proyectos simplemente no habrían existido. Más de la mitad de los recursos para su ejecución provienen de bancos, fondos de pensiones y de inversión, que además han vinculado ingenieros independientes para mejorar las condiciones técnicas y la viabilidad de los proyectos.
Transferencia de riesgos al sector privado
El modelo también ha permitido al Estado trasladar un gran porcentaje de las cargas y riesgos financieros al sector privado. Contrario a la creencia popular y a la narrativa del actual gobierno, el sector privado (incluido el financiero) asume casi la totalidad de las pérdidas ante el fracaso de los proyectos. Esto ha liberado recursos estatales importantes para otros propósitos, algo relevante para un Estado que destina solo el 16% de su presupuesto total a la inversión (año 2026), con la infraestructura recibiendo un porcentaje mucho menor.
Necesidad de la inversión privada
En la crisis fiscal que atraviesa un país con evidente rezago en infraestructura, lo que impacta su conectividad, productividad y competitividad, la participación del sector privado sigue siendo fundamental. Si bien el cobro de peajes, necesario para generar retornos, genera dificultades para ciertas regiones, los costos económicos y sociales de carecer de esas inversiones serían mucho mayores. Se espera que el nuevo gobierno entienda las limitaciones fiscales del Estado, su incapacidad para construir por sí solo y la necesidad de impulsar aún más la participación del sector privado en el desarrollo del país.
