En los buses de las cinco de la mañana no viaja el PIB. Viajan los 13 millones de colombianos que trabajan sin contrato, sin pensión y sin red de protección social. Viajan los que perdieron el empleo y ya se resignaron a dejar de buscarlo; y viajan aquellos a quienes, teniéndolo, el salario apenas les alcanza para estirar la quincena.
La paradoja del crecimiento económico
Colombia, al igual que muchos otros países, lleva décadas midiendo su progreso con una sola regla: el Producto Interno Bruto (PIB). Cuando el PIB sube, los titulares celebran. Cuando baja, el país entra en pánico. Sin embargo, esta regla —diseñada en los años treinta para medir la producción de bienes y servicios— no refleja la realidad de millones de trabajadores que sobreviven en la economía del rebusque.
Detrás del 8,8 % de desempleo que celebran los informes oficiales, la informalidad devora al 54,2 % de la fuerza laboral del país. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores colombianos no cuentan con un contrato formal, no cotizan a pensión ni tienen acceso a salud como derecho laboral. El PIB los cuenta a todos por igual, pero sus condiciones de vida son radicalmente diferentes.
La informalidad: un problema estructural
La informalidad laboral no es un fenómeno nuevo en Colombia. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de informalidad se ha mantenido por encima del 50 % durante la última década. Esto incluye desde vendedores ambulantes hasta trabajadores domésticos, pasando por conductores de plataformas digitales y pequeños agricultores.
Para ellos, no existe prima de servicios, ni cesantías, ni vacaciones pagas. Tampoco hay protección frente a un accidente laboral o una enfermedad. La red de seguridad social que debería brindar el Estado es inexistente en su día a día.
El PIB no cuenta toda la historia
El PIB mide la producción, pero no la distribución de la riqueza. Un país puede crecer económicamente mientras la mayoría de su población se empobrece. En Colombia, el crecimiento del PIB en los últimos años no se ha traducido en una mejora sustancial de la calidad de vida de los trabajadores informales.
Además, la pandemia de COVID-19 agravó la situación. Muchos empleos formales se destruyeron y una parte importante de la fuerza laboral migró hacia la informalidad como única opción de supervivencia. Según el DANE, la informalidad alcanzó su punto más alto en 2020, con cerca del 58 % de los ocupados en esa condición.
¿Qué significa trabajar en la informalidad?
Trabajar en la informalidad implica no tener estabilidad laboral. Los ingresos son variables y, en muchos casos, inferiores al salario mínimo. Sin contrato, el trabajador no tiene derecho a prestaciones sociales ni a una pensión futura. Además, la falta de afiliación a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) deja al trabajador desprotegido ante accidentes.
Esta situación también afecta la productividad del país. Las empresas informales suelen tener menos acceso a crédito, tecnología y capacitación, lo que limita su crecimiento y su capacidad de generar empleo de calidad.
La necesidad de una medición más humana
Expertos en economía laboral señalan que es necesario complementar el PIB con otros indicadores que reflejen el bienestar de la población. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una herramienta que mide carencias en educación, salud, vivienda y trabajo, pero aún no tiene la misma relevancia en el debate público que el PIB.
Mientras tanto, millones de colombianos siguen madrugando para tomar el bus de las cinco de la mañana, en busca de un ingreso que les permita sobrevivir. La economía del rebusque es su realidad, y ninguna cifra de crecimiento económico puede ocultarla.
