Vigo, 3 jun (EFE).- La Fiscalía ha solicitado una condena de nueve años de prisión para cada uno de los tres acusados por el naufragio del buque pesquero Villa de Pitanxo, ocurrido en febrero de 2022 frente a las costas de Terranova, en Canadá. En el siniestro viajaban 21 tripulantes, de los cuales solo tres sobrevivieron.
El escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE y que fue notificado este miércoles, señala a Juan Enrique Padín, capitán del buque; José Antonio Nores Rodríguez, administrador de la armadora; y a su hijo, José Antonio Nores Ortega, director de flota. Se les imputan 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por imprudencia, en relación con el marinero sobreviviente Samuel Koufie, y otro delito contra los derechos de los trabajadores.
Penas e inhabilitaciones
La Fiscalía pide para cada acusado nueve años de prisión. Además, para el capitán solicita una inhabilitación de 13 años para ejercer como patrón de buque. En el caso de Nores Rodríguez y Nores Ortega, la inhabilitación por el mismo periodo se aplicaría para la administración o dirección de sociedades dedicadas a la pesquería marítima.
Asimismo, los tres deberán responder solidaria y conjuntamente por la responsabilidad civil derivada del naufragio. La aseguradora figura como responsable civil directa, y de forma subsidiaria, Pesquerías Nores.
Pruebas propuestas
El Ministerio Fiscal propone una extensa batería de pruebas para la vista oral. Entre ellas, la declaración de los supervivientes Samuel Koufie y Eduardo Rial, así como de familiares de las víctimas y tripulantes de los barcos de rescate, como el Playa Menduiña Dos y el Río Caxil.
También se solicitan periciales para ratificar los informes judiciales, el de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) y el de la Inspección de Trabajo. Además, se incluyen atestados de la Guardia Civil, certificados de navegabilidad, planos de salvamento, libros de estabilidad, discos duros del operativo de búsqueda del pecio e informes médicos.
Condiciones inseguras
La Fiscalía sostiene que los investigados permitieron que la actividad se desarrollara en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con un “grosero desprecio por la vida e integridad física de los tripulantes”, lo que, según su relato, desembocó en el naufragio.
Entre los elementos reprochados figuran la sobrecarga del buque, en parte por tanques de combustible instalados sin autorización legal; la falta de medidas preventivas adecuadas; y deficiencias en las condiciones de abandono y salvamento.
Responsabilidad del capitán
En cuanto al capitán, la Fiscalía le atribuye no haber tomado medidas precautorias ante una virada en condiciones meteorológicas muy adversas, como asegurar el cierre de aberturas del casco y puertas estancas. También le reprocha no haber valorado adecuadamente la situación del barco en la fase final de la maniobra y haber dado la orden de abandono demasiado tarde.
Responsabilidad de los armadores
Respecto a los armadores, el Ministerio Público les responsabiliza de no haber cumplido con exigencias de seguridad, como la existencia de una escalera de estribor, no haber facilitado instrucciones concretas sobre qué debía hacer cada tripulante en una emergencia y haber dispuesto los trajes de inmersión y chalecos en los camarotes, dificultando su recogida. El buque, señala la Fiscalía, operaba en una zona de intensa formación de hielo, algo expresamente prohibido en su Libro de Estabilidad por no contar con los cálculos y protecciones reglamentarias.
