La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha reducido su proyección de crecimiento para Colombia en 0,4 puntos porcentuales para 2026, situándola en 2,4%, y advierte sobre los desafíos que enfrentará el próximo presidente, entre ellos una crisis fiscal, débil inversión y elevada inflación.
Panorama global y regional
El conflicto en Oriente Medio y el deterioro del panorama global han incrementado la incertidumbre y la volatilidad en la región, a través de mayores precios de la energía y los alimentos. Ante este escenario, la OCDE prevé que América Latina se desacelere este año a 1,7%, frente al 2,2% registrado en 2025.
Colombia: menor crecimiento y mayores presiones inflacionarias
Para Colombia, el organismo rebajó su pronóstico de crecimiento de 2,8% a 2,4% para 2026, y también moderó su estimación para 2027, pasando de 2,9% en diciembre a 2,1% actual. Los principales factores que llevaron a esta decisión son la elevada inflación, el endurecimiento de las condiciones monetarias con el aumento de las tasas de interés del Banco de la República, y la mayor incertidumbre, lo que lastrará la inversión y moderará el consumo de los hogares.
La OCDE destaca que el dinamismo económico de Colombia se debilitó a principios de 2026, tras el sólido crecimiento registrado durante la mayor parte de 2025 debido al mayor consumo, mientras que la inversión se mantuvo en niveles débiles. Se espera que la economía se ralentice en 2026 y 2027.
"El consumo privado se desacelerará, a medida que los importantes aumentos del salario mínimo se vean cada vez más contrarrestados por el aumento de la inflación, el endurecimiento de las condiciones crediticias y el incremento del desempleo. La inversión seguirá limitada por los elevados costos de financiamiento e incertidumbre", señala el informe.
Las presiones inflacionarias se han intensificado: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió al 5,7% en abril, reflejando el aumento de los costos laborales tras el incremento del salario mínimo, importantes mecanismos de indexación y una continua expansión fiscal. "Se prevé que la inflación aumente en 2026, impulsada por los servicios, la indexación del salario mínimo y el aumento de los precios de la energía y alimentos, antes de descender gradualmente a partir de principios de 2027", aseguró la OCDE.
La inflación de alimentos ha aumentado debido a condiciones climáticas, y el incremento de los precios del petróleo afecta los costos de combustible y transporte. Si bien el aumento del petróleo impulsará temporalmente los ingresos por exportaciones, también incrementará las presiones inflacionistas, como los mayores costos de fertilizantes.
Política monetaria restrictiva y déficits elevados
La OCDE indica que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva hasta que la inflación y sus expectativas sigan una senda sostenida hacia la meta del 3%. El Banco de la República mantiene las tasas en 11,25%, y la OCDE prevé que las aumente hasta alrededor de 12,75% en el tercer trimestre de 2026.
Los déficits fiscales del país siguen siendo elevados, lo que impulsará al alza la deuda pública y los costos por intereses. "Es necesario adoptar una estrategia de consolidación más ambiciosa y creíble para reconducir la deuda hacia su ancla de mediano plazo y restablecer la confianza. Reforzar la credibilidad de las políticas públicas, la reducción de la incertidumbre regulatoria y la mejora del entorno empresarial favorecerían la inversión privada y mejorarían las perspectivas de crecimiento a mediano plazo", sostiene la OCDE.
Reformas tributarias y estructurales
Colombia requiere una consolidación fiscal decidida para estabilizar la deuda, reducir las primas de riesgo y apoyar la desinflación. "Esto debería sustentarse en un compromiso claro y creíble de regresar gradualmente a la regla fiscal, respaldado por mejoras en la eficiencia del gasto y una reforma tributaria integral y gradual", resalta.
El país necesita una mejor focalización de las transferencias sociales y subsidios, ampliar las bases tributarias, reducir los gastos tributarios ineficientes y reequilibrar la estructura tributaria, desde la tributación a las empresas hacia el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Todo ello favorecería la inversión privada y el crecimiento a mediano plazo.
Reducir la informalidad elevaría la productividad, y un mayor avance en la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles, redirigiendo el apoyo hacia compensaciones focalizadas para hogares vulnerables, contribuiría a la transición energética y reduciría las presiones fiscales.
