La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) alertó que los bloqueos en Puerto Gaitán, Meta, ocasionaron una producción diferida cercana a 8.000 barriles diarios de petróleo entre el 24 y el 27 de mayo. Esta situación se debió a restricciones operativas que impidieron el transporte de insumos y el normal desarrollo de las actividades en la zona.
Origen de las restricciones
De acuerdo con la ACP, las restricciones comenzaron el 11 de mayo en el peaje El Yucao, ubicado sobre la vía nacional que conecta a Puerto Gaitán con Puerto López. Este corredor es fundamental para la conectividad entre los departamentos de Meta y Vichada.
El gremio señaló que las vías de hecho son lideradas por un grupo de transportadores de material pétreo que solicitan ajustes en las tarifas de transporte. La situación ha afectado la libre circulación de personas, bienes y servicios.
Impacto económico y social
La ACP advirtió que los bloqueos impactan actividades productivas clave para la economía regional, afectando a trabajadores, comerciantes, comunidades y empresas que dependen de este corredor para su funcionamiento diario. Las restricciones han obligado a suspender parte de la producción petrolera, lo que representa pérdidas superiores a 500 millones de pesos diarios en regalías para la región y el país.
Regalías en riesgo
La producción diferida de 8.000 barriles diarios se registró específicamente entre el 24 y el 27 de mayo. La ACP explicó que esta reducción en regalías afecta los recursos destinados al municipio, al departamento y a la Nación. Estas regalías son esenciales para financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo regional.
Aunque el conflicto se originó por la solicitud de ajustes tarifarios por parte de transportadores de material pétreo, la ACP enfatizó que sus efectos se extienden a toda la actividad económica de la región, limitando el acceso al trabajo y la continuidad de operaciones que generan empleo e inversión.
Posición de la ACP sobre tarifas
Frente a la controversia, la ACP aclaró que las empresas operadoras del sector no están facultadas para definir, coordinar o acordar tarifas de transporte. Hacerlo constituiría una práctica restrictiva de la libre competencia, sancionada por la legislación colombiana. Además, las compañías operadoras no mantienen una relación comercial directa con los transportadores que prestan este servicio.
Esta precisión es clave, ya que, aunque el bloqueo afecta la operación petrolera, las empresas no pueden asumir la definición de tarifas dentro del marco legal vigente.
Diálogo sin resultados
La asociación reiteró que el sector ha participado en espacios de diálogo desde el inicio de la situación, con la presencia de transportadores, la administración municipal, empresas contratistas y compañías del sector. Entre el 12 y el 25 de mayo se realizaron varias reuniones de concertación, pero las restricciones a la movilidad continúan.
La ACP hizo un llamado al diálogo y a la institucionalidad, solicitando soluciones que respeten los derechos de todos los sectores. El gremio señaló que el diálogo es el camino para construir salidas sostenibles que beneficien a las comunidades y fortalezcan el desarrollo regional.
Llamado a las autoridades
La asociación pidió a los actores involucrados y a las autoridades competentes avanzar en mecanismos de concertación que permitan restablecer la movilidad. También instó a proteger la actividad económica y garantizar las condiciones necesarias para que la región continúe generando bienestar y oportunidades.
El caso mantiene bajo presión un corredor clave para la movilidad entre Meta y Vichada. Mientras las restricciones en el peaje El Yucao persisten, la afectación se refleja en el transporte, el empleo, la actividad regional, la operación petrolera y las regalías. La ACP no informó una fecha de levantamiento de los bloqueos ni un acuerdo definitivo entre las partes.
