Colombia construyó en los últimos años una de las infraestructuras de factura electrónica más avanzadas de América Latina. Más de 1,5 millones de empresas facturan electrónicamente y, a través del sistema Radian de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se han negociado más de 1,7 millones de facturas que representan cerca de 48 billones de pesos.
Sin embargo, detrás de ese avance tecnológico persiste una brecha estructural que sigue limitando el acceso a liquidez para miles de empresas. De las más de 1,56 millones de compañías formales activas en el país, apenas unas 47.000 pequeñas y medianas empresas están habilitadas actualmente para transformar sus facturas en liquidez mediante factoring electrónico.
¿Por qué la infraestructura digital no basta?
La pregunta es inevitable: si la infraestructura digital ya existe, ¿por qué todavía miles de empresas siguen enfrentando problemas de flujo de caja y dificultades para acceder a capital de trabajo? La discusión ya no se limita únicamente a la tecnología. Hoy el reto está en seguir fortaleciendo las condiciones operativas y regulatorias que permitan que más empresas puedan transformar sus cuentas por cobrar en liquidez de manera ágil y eficiente.
En la práctica, muchas pymes dependen no solo de vender un bien o prestar un servicio, sino también de la dinámica operativa y administrativa de sus grandes clientes para poder acceder a mecanismos de liquidez sobre sus cuentas por cobrar. Esto afecta especialmente a empresas que necesitan flujo de caja inmediato para sostener la operación, pagar nómina, invertir o crecer.
La reforma al Decreto 1154 de 2020
Por eso resulta tan relevante la iniciativa impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda para modificar el Decreto 1154 de 2020. Más allá de una discusión técnica, esta propuesta abre una conversación de política económica sobre el fortalecimiento del acceso a financiación para el tejido empresarial colombiano y la necesidad de convertir la factura electrónica en una verdadera herramienta de liquidez.
El objetivo central consiste en reforzar la aplicación de la temporalidad establecida en el Código de Comercio, según la cual una factura que no presenta reclamaciones dentro del plazo legal se entiende aceptada y adquiere plena capacidad de circulación como título valor. En términos simples, se trata de lograr que más empresas puedan convertir de manera ágil y segura sus cuentas por cobrar en liquidez, reduciendo fricciones administrativas que hoy terminan afectando el acceso oportuno a capital de trabajo para miles de pymes.
Lecciones de la región
La experiencia regional demuestra, además, el enorme potencial que todavía tiene Colombia. En países como Chile y Perú, reglas más claras alrededor de la aceptación y circulación de facturas permitieron consolidar ecosistemas de factoring mucho más profundos y dinámicos para las pymes. La discusión cobra aún más relevancia en un contexto donde las mipymes representan más del 99% del tejido empresarial colombiano y generan gran parte del empleo del país.
Facilitar herramientas de financiación no bancaria ya no es solamente un asunto financiero; es una conversación sobre competitividad, productividad y sostenibilidad empresarial. El desafío ahora consiste en entender que la factura electrónica no debe verse únicamente como una herramienta tributaria o de control fiscal. También puede convertirse en infraestructura financiera para democratizar el acceso a liquidez empresarial.
Colombia ya dio el primer paso construyendo la autopista digital. El siguiente reto es lograr que más empresas puedan circular por ella y convertir ese enorme activo oculto en una verdadera palanca de liquidez, competitividad y crecimiento económico.
