Los bloqueos viales que se presentan desde el pasado 11 de mayo en el peaje El Yucao, ubicado en la vía nacional que comunica a Puerto Gaitán con Puerto López (Meta), están generando un impacto directo sobre las finanzas públicas de la región y el país. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su preocupación ante estas vías de hecho, advirtiendo que las restricciones para el transporte de insumos obligaron a registrar una producción diferida cercana a los 8.000 barriles de petróleo por día entre el 24 y el 27 de mayo.
Impacto económico de los bloqueos
Esta disminución en el desarrollo normal de las operaciones representa una reducción superior a los 500 millones de pesos diarios en regalías para los municipios, el departamento del Meta y la Nación. El eje crítico de la problemática radica en la afectación de los recursos públicos no percibidos debido al cese parcial de las actividades productivas. Los más de 500 millones de pesos que se dejan de recaudar diariamente por concepto de regalías corresponden a capitales que se destinan directamente a la financiación de proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo regional.
La ACP enfatizó que la persistencia de las obstrucciones en este corredor estratégico —fundamental para la conectividad entre los departamentos de Meta y Vichada— no solo impacta la actividad económica de la zona, sino que limita la llegada de recursos para el beneficio de las comunidades que dependen de la inversión territorial.
Motivos de las protestas
La movilización en el peaje El Yucao es liderada por un grupo de transportadores de material pétreo que solicita ajustes en las tarifas de transporte. Ante estas exigencias, el gremio del sector hidrocarburos precisó que las empresas operadoras no están facultadas por la ley para definir, coordinar o acordar tarifas de mercado, ya que esto constituiría una práctica restrictiva de la libre competencia, sancionada por la legislación colombiana.
Asimismo, la asociación aclaró que las compañías operadoras no mantienen una relación comercial directa con los transportadores que prestan este servicio de carga. Al tratarse de una controversia económica específica, la industria carece de la competencia jurídica para intervenir directamente en la fijación de los valores del mercado que exigen los manifestantes.
Consecuencias para la comunidad
A pesar de ser una disputa tarifaria focalizada, los efectos de las protestas trascienden a los actores directamente involucrados, perjudicando la libre circulación de personas, bienes y servicios en el corredor vial. Las restricciones están afectando de manera diaria a trabajadores, comerciantes, comunidades y empresas, comprometiendo el acceso al trabajo y la continuidad de operaciones que generan empleo e inversión en el territorio.
Desde el inicio de los bloqueos, las empresas del sector han participado en diferentes espacios de diálogo junto a los transportadores, la administración municipal y las empresas contratistas para buscar alternativas institucionales y legales. Entre el 12 y el 25 de mayo se realizaron varias reuniones de concertación; sin embargo, las restricciones a la movilidad continúan.
Ante este escenario, la ACP reiteró que el diálogo es el camino para construir soluciones sostenibles y formuló un llamado a los actores involucrados y a las autoridades competentes para restablecer el tránsito y proteger la actividad económica regional.
