Madrid, 04 jun (EFECOM).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que va a "estudiar qué ocurre con las licitaciones" de suelo en Madrid, ya que, a su juicio, el Ayuntamiento de la capital está incurriendo en prácticas "no deseables" al desprenderse de "suelos públicos magníficos" que "en siete años van a ser vendidos".
"En Madrid nos desprendemos de suelos públicos magníficos, vamos a estudiar qué está ocurriendo con esas licitaciones, en las que con la excusa de que eran viviendas asequibles resulta que en siete años van a ser vendidos", ha declarado la ministra en una entrevista en la SER.
Comparación con la gestión de Ana Botella
Rodríguez ha señalado que lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid "se parece mucho a lo que hizo Ana Botella" cuando era alcaldesa de la capital, quien vendió cerca de 2.000 viviendas públicas y suelos de protección oficial al fondo de inversión Blackstone por 128 millones de euros, una cifra muy por debajo de su valor de mercado. La ministra ha indicado que no solo el Ayuntamiento de Madrid está incurriendo en estas prácticas, y ha mencionado también al de Valencia.
En su opinión, estos ayuntamientos se están desprendiendo de "un valor patrimonial absolutamente necesario para la construcción de viviendas públicas, a cambio de la permuta de dos, tres o quince viviendas", como ha ocurrido en la ciudad de Valencia, donde ya estaban adjudicadas cuando se produjo la permuta.
Modus operandi de los ayuntamientos
Rodríguez ha explicado que el 'modus operandi' consiste en que el "ayuntamiento tiene un suelo público, en el que caben 200 viviendas y, en lugar de construir y promover 200 viviendas desde el Ayuntamiento con carácter protegido o como vivienda asequible en alquiler, se la da a una empresa promotora a cambio de que le dejen dos, tres, cuatro o quince viviendas protegidas".
También se ha referido a las comunidades autónomas y a la política que, a su juicio, deberían implementar para aumentar el parque de vivienda pública.
Llamamiento a las comunidades autónomas
La ministra ha vuelto a pedir a las comunidades autónomas que compren o adquieran la cesión de uso de las 111.000 viviendas turísticas ilegales que el ministerio ha detectado en España y las pongan en alquiler asequible. Para ello, ha recordado que recibirán en julio 800 millones de euros del plan estatal. Si lo hicieran, ha asegurado la ministra, se supliría "en un chasquido" un 17 % del actual déficit de vivienda.
