El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, José Fernando Reyes Llanos, presentó su renuncia irrevocable al cargo este miércoles, según una carta difundida por medios locales. La dimisión se produce por aparentes diferencias con el Parlamento respecto a la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económica Comercial con Brasil, un tema sobre el cual debía responder ante el pleno del Congreso el jueves.
Motivos de la renuncia
En su misiva dirigida al mandatario interino, José María Balcázar, Reyes explicó que su decisión responde a razones "estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales" que considera indispensables en el ejercicio de la función pública, especialmente en escenarios que involucran relaciones internacionales, compromisos de cooperación y decisiones de relevancia estratégica para el país.
Diferencias sobre cláusulas anticorrupción
Según exministros del sector que firmaron una carta abierta hace una semana, el Ejecutivo buscaba incluir cláusulas anticorrupción en el acuerdo, mientras que un sector del Legislativo presionaba por acelerar la ratificación sin ellas. Reyes, tras remarcar su posición sobre la necesidad de salvaguardar los intereses del Estado, consideró pertinente "dar un paso al costado" y apartarse del Ejecutivo, apenas cuatro meses después de su designación.
Interpelación en el Congreso
El pleno del Congreso había aprobado interpelar al ministro para que acudiera el jueves a responder 20 preguntas sobre la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económica Comercial entre Perú y Brasil, negociado entre 2014 y 2016, poco antes del estallido del escándalo de corrupción Lava Jato en el país. El legislador Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), señaló que Brasil cumplió con el procedimiento constitucional y remitió los expedientes al Perú, pero los distintos gobiernos no han remitido el tratado al Legislativo para su debate y aprobación.
Riesgos del acuerdo
El Parlamento buscaba conocer si el tratado podría implicar riesgos para el Estado peruano en materias como inversiones, arbitrajes internacionales, contratación pública o eventuales beneficios a empresas relacionadas con actos ilícitos, como Odebrecht y OAS, implicadas en la trama de Lava Jato. Además, se solicitaba información sobre informes técnicos o jurídicos que sustenten la paralización del proceso y las acciones que adoptará el Ejecutivo para definir si el acuerdo será aprobado, renegociado o archivado.
Antecedentes de corrupción
A raíz de los pagos irregulares de Odebrecht, fueron condenados por lavado de dinero los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), y han sido procesados el fallecido exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que se suicidó antes de ser detenido, y el exgobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
