San Juan, 4 jun (EFE).- El Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) solicitó este jueves a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que rechace la aprobación de un proyecto que excluiría del derecho al voto a los presos en la isla.
Detalles del proyecto de ley
El Proyecto de la Cámara 1278, que busca excluir del derecho al voto a personas sentenciadas por uno o varios delitos graves con una sentencia de diez años o más, fue radicado el 14 de mayo por los representantes Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, y Ensol Rodríguez Torres, del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).
Opinión de la ACLU
La abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico, Lolimar Escudero Rodríguez, señaló en un comunicado que la medida "es castigar a la víctima de la alegada corrupción o fraude en lugar de a los perpetradores". Escudero Rodríguez añadió que el proyecto "equivale a trasladar la responsabilidad de velar por la transparencia y pureza de los procesos electorales que tiene el Estado al elector privado de su libertad y coartarle su derecho".
Estado actual del proyecto
La medida fue referida a la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés, también del PNP. Sin embargo, dicha comisión no ha convocado a vistas públicas del proyecto hasta el momento.
Análisis constitucional
En su análisis, la ACLU de Puerto Rico advirtió que el mecanismo propuesto "resulta ser un remedio constitucionalmente defectuoso, regresivo y violatorio" de los principios fundamentales de los derechos humanos y civiles vigentes en el ordenamiento jurídico local. Escudero Rodríguez subrayó que "para evitar supuestas irregularidades político-partidistas en las prisiones, la solución menos restrictiva es fiscalizar con rigor los procesos de votación del Departamento de Corrección y de la Comisión Estatal de Elecciones, y no eliminar de raíz el derecho constitucional del elector".
Responsabilidad de las irregularidades
Escudero Rodríguez indicó que las irregularidades electorales que motivaron la presentación de este proyecto, como las imputaciones de presión o compra de votos en las cárceles, no son culpa de los confinados, sino fallas administrativas e institucionales. La organización destacó que eliminar el derecho al voto de ciertos confinados no solo afecta el derecho reconocido mediante ley desde 1980, sino que quebranta directamente los mandatos de la Constitución de Puerto Rico, que establece en su Artículo II, Sección 2 que el voto será "universal, igual, secreto y directo".
