San Salvador, 7 jun (EFE).- La reconocida organización Cristosal exigió la liberación del abogado Enrique Anaya, crítico del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien este domingo cumple un año de detención en el país centroamericano por un proceso penal.
Anaya fue capturado el pasado 7 de junio de 2025 por la Policía salvadoreña bajo el cargo de lavado de dinero, según informó en esa ocasión la Fiscalía General. La organización publicó en la red social X el mensaje: "#LibertadParaEnriqueAnaya. Uno de los constitucionalistas más reconocidos de El Salvador".
Detalles de la acusación
La Fiscalía General acusa a Anaya de lavado de dinero y activos, y según señaló en X, el supuesto ilícito "fue cometido entre 2015 y 2024". Por ello, el 24 de junio del año anterior, en la audiencia inicial del proceso, solicitó prisión provisional para el abogado mientras continúa la investigación, por lo que permanece en detención.
De acuerdo con Cristosal, el supuesto delito de Anaya "fue decir en voz alta lo que muchos callan: que el régimen está anulando los espacios democráticos y concentrando el Estado en una sola persona". "A un año de su injusto encarcelamiento, exigimos su libertad", añadió la organización.
Reserva total del proceso
El proceso penal contra el abogado tiene reserva total, por lo que no se conocen detalles del mismo. Anaya es un fuerte crítico del Ejecutivo del presidente Bukele, enfocado principalmente en aspectos jurídicos. En las últimas semanas antes de su detención, había denunciado las que considera irregularidades en el proceso penal que enfrenta la abogada anticorrupción Ruth López, detenida el 18 de mayo de 2025, otra crítica del mandatario salvadoreño y procesada por enriquecimiento ilícito.
"Cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el plano internacional: ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", dice la última publicación de Anaya en X.
Preocupación internacional
Esta afirmación del abogado detenido hizo referencia a un comunicado de la CIDH publicado el 6 de junio, en el que el organismo, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó su preocupación por las "detenciones recientes (en El Salvador) contra personas defensoras de derechos humanos".
La CIDH emitió en septiembre del año pasado medidas cautelares a favor de Anaya y López porque, según acentuó, enfrentan un "riesgo de daño irreparable" a sus derechos a la vida, integridad y salud.
En 2025, año en que fueron detenidos Anaya y López, se registró la salida del país de defensores de derechos humanos y ambientalistas, abogados y periodistas por el acoso policial y judicial que enfrentan por ser voces críticas del Gobierno de Bukele, según han denunciado diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales.
