Bruselas, 9 jun (EFE).- Los abogados y la familia de cinco activistas propalestinos, entre ellos una española, que se encuentran en prisión preventiva en Alemania tras irrumpir en una fábrica que provee al Ejército israelí, denunciaron este martes en el Parlamento Europeo las condiciones de su arresto y urgieron a las instituciones internacionales y al Gobierno español a proteger sus derechos.
Detalles del incidente
Los activistas, pertenecientes al grupo Palestine Action Germany, irrumpieron en septiembre del año pasado en la sede alemana de la empresa proveedora del Ejército israelí Elbit Systems. Durante la acción, grabaron en vídeo cómo destruían ordenadores y equipos de laboratorio, entre otros, con hachas y martillos, antes de esperar a la policía y dejarse detener sin oponer resistencia.
Acusaciones y prisión preventiva
Desde entonces, los cinco detenidos —de nacionalidad irlandesa, británica, española y alemana, con edades entre 25 y 40 años— están en prisión preventiva a la espera de juicio. Se les acusa de allanamiento, daños materiales, integración en organización criminal, y uso de símbolos de organizaciones anticonstitucionales o terroristas por la consigna "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre", que Alemania vincula con Hamás.
Denuncias de violaciones de derechos
El abogado de la activista española, Mathes Breuer, denunció en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo que las condiciones de los cinco activistas infringen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación comunitaria, ya que se les presenta de una manera que viola su presunción de inocencia. Breuer cuestionó la legalidad de la prisión preventiva para personas sin antecedentes criminales, así como el hecho de que se les presente esposados ante los jueces o que el juicio se celebre en la prisión de Stammheim, conocida por los procesos contra la Fracción del Ejército Rojo (RAF).
"Nada de esto está en línea con la presunción de inocencia. Tenemos dudas de que este tribunal vaya a examinar realmente los hechos (...), tenemos dudas de que el juez principal esté dispuesto a escuchar los argumentos de nuestros clientes, porque de momento se ha negado a escuchar los de la defensa, sea sobre las condiciones de la cabina de vidrio, sobre que se les presente esposados o cualquier otra parte de este juicio", lamentó el abogado.
Testimonio de la familia
La madre de uno de los detenidos, la británica Nicky Robertson, denunció en la misma rueda de prensa la "violencia procedimental" que han sufrido su hija y los otros cuatro activistas durante los últimos nueve meses en prisión preventiva. Mencionó dificultades para comunicarse con ellos, alimentación inadecuada y atención médica insuficiente. "Uno de ellos temió por su propia seguridad y se le dijo que (los guardas) no intervienen hasta que no haya sangre en el suelo", afirmó Robertson.
Acciones diplomáticas
Breuer y Robertson estuvieron acompañados por el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens, quien señaló que han remitido una carta al Ministerio de Exteriores español para solicitar un seguimiento exhaustivo de la situación de la activista española, Leandra Rollo, y la activación de "todos los mecanismos diplomáticos y consulares para proteger sus derechos". Asens pidió que se exijan explicaciones a la embajada alemana sobre las graves denuncias del abogado acerca del trato a la ciudadana española. Además, indicó que el caso se ha trasladado a la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, y que planean "activar mecanismos especiales de Naciones Unidas para que examinen este caso".
