La senadora animalista Andrea Padilla anunció este miércoles 3 de junio que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría abrieron una investigación formal sobre la crítica situación que enfrentan más de 300 caimanes llaneros, los cuales se encontraban hacinados y sin alimento en centros de conservación de Villavicencio.
Reunión con entidades investigadoras
La congresista informó que sostuvo una reunión con representantes de la Fiscalía y la Procuraduría, donde se acordó iniciar las diligencias correspondientes. Según Padilla, no son 200 sino 317 los caimanes afectados, víctimas de hacinamiento, falta de atención veterinaria, alimentación insuficiente y pésimas condiciones locativas. Además, muchos ejemplares listos para ser reintroducidos a su hábitat natural no han sido liberados.
Denuncias previas y muertes de ejemplares
La senadora había denunciado previamente que alrededor de 15 caimanes murieron el año pasado y al menos tres habrían fallecido en las últimas semanas. Esto generó alarma por la importancia de esta especie en el ecosistema de la Orinoquía. Padilla señaló que los animales son víctimas de una "escandalosa descoordinación administrativa" y que el comité encargado del programa de conservación no se reúne desde hace 14 años.
Alimentación y acciones inmediatas
Padilla anunció que 139 caimanes ya fueron alimentados y que los 178 restantes recibirán alimento al día siguiente. Asimismo, la Procuraduría confirmó que tras una visita el 28 de mayo se constataron condiciones lamentables, por lo que podrían aplicarse consecuencias administrativas y disciplinarias contra los funcionarios responsables.
El Ministerio de Ambiente deberá entregar antes del 12 de junio un plan de acción concreto que garantice alimentación, reubicación, liberaciones, atención veterinaria y mejora de las instalaciones, con un presupuesto claro y flujos de distribución definidos. La Procuraduría convocará a una nueva reunión a finales de mes para revisar avances y compromisos.
Antecedentes de la crisis
La senadora reveló que desde hace un año el Ministerio de Ambiente conocía la situación crítica. En un oficio del 19 de mayo de 2025, la Universidad Nacional informó sobre la falta de alimento para 350 individuos en las estaciones Roberto Franco, Merecure y la Universidad de los Llanos, advirtiendo que tenían comida solo hasta septiembre y enfrentaban hacinamiento.
La congresista indicó que Cormacarena reportó que los cocodrilos dejaron de recibir alimento durante 15 días en la estación Roberto Franco, 90 días en Unillanos y 70 días en Merecure. Además de la falta de comida, se registraron infecciones respiratorias, deficiencia de tiamina en neonatos, estrés térmico, delgadez extrema y exposición de vértebras.
Responsabilidades institucionales
Según Padilla, la Universidad Nacional dejó de suministrar alimento argumentando que no tenía obligación legal ni financiera para destinar recursos a predios ajenos. La congresista cuestionó la falta de acción del Ministerio de Ambiente como ente rector del Sistema Nacional Ambiental, que debió adoptar medidas preventivas. El programa Pro Caimán, a cargo de la Universidad Nacional y el Ministerio, tiene la responsabilidad de la crianza y mantenimiento de los animales.
Padilla concluyó preguntando: "¿Saben desde hace cuándo no se reúne el Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero? Desde el 2012, hace 14 años. Así no hay programa que prospere ni bienestar animal que se garantice". La Fiscalía ya abrió una noticia criminal para investigar un posible delito ambiental y contra la vida de los animales.
