Diez años después del asesinato de Berta Cáceres, pionera en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en Honduras, su hija Bertha Zúniga Cáceres continúa la lucha por la rendición de cuentas. En una entrevista con EFE desde la sede europea de la ONU en Ginebra, Zúniga explicó que aún queda un largo camino para que se haga justicia en este caso y en la lucha por la tierra y los recursos de los pueblos originarios.
El legado de lucha de Berta Cáceres
“Mi madre nos enseñó a luchar, a defender nuestros territorios, a alzar nuestra voz”, recordó Zúniga, quien se reunió con relatores de derechos humanos para analizar la situación de los indígenas en Honduras y el proceso de rendición de cuentas sobre la muerte de su madre. Berta Cáceres, activista del pueblo lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016 tras años de oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
Condenas insuficientes y responsables intelectuales
Ocho personas fueron condenadas por el crimen, entre ellas tres vinculadas a la empresa, “pero no han sido llevados ante la justicia los principales actores”, lamentó Zúniga. Señaló a los mayores accionistas de DESA, “vinculados con una de las familias más poderosas en Honduras, los Atala Zablah”. Zúniga subrayó que el “proyecto ilegal” de Agua Zarca “generó violencia, persecución y criminalización contra COPINH”, con participación de actores nacionales e internacionales, como el banco de desarrollo neerlandés FMO.
Denuncia internacional y exigencia a la UE
“Hemos presentado una denuncia en Países Bajos contra este banco y esperamos que se determine su responsabilidad”, indicó Zúniga, quien destacó que la Unión Europea debe intensificar sus requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos. “Conversamos en distintos espacios de la UE para que el dinero no sea utilizado en violaciones de derechos humanos o en delitos financieros como fraude o lavado de activos”, agregó.
Desde COPINH, organización que Zúniga ahora coordina, se presiona para que estrategias europeas como Global Gateway, con inversiones en Honduras, incluyan cláusulas de derechos humanos y lucha contra la corrupción, “para que no queden a voluntad de bancos o empresas europeas las políticas que implementan”.
Persistencia de la violencia estructural
Diez años después, Zúniga señaló que las persecuciones a líderes sociales y ambientales son más visibles, pero las causas estructurales de la violencia persisten. Citó la masacre de una veintena de campesinos en Rigores (norte de Honduras) el mes pasado, en un conflicto de tierras. “Cada vez arrecia más la presión hacia bienes como el agua, los minerales, los bosques… por lo que sabemos que muchas comunidades van a tener un futuro complicado”, afirmó.
Presiones y estigmatización contra defensores
Zúniga y otros líderes indígenas siguen sufriendo presiones y estigmatización, incluyendo campañas que mostraban su cuerpo ensangrentado. “Mi lucha, que es una lucha colectiva y comunitaria, es incómoda, porque toca intereses muy grandes en el país”, aseguró. Pese a las amenazas, reafirmó su compromiso: “Mi decisión personal es no irme de Honduras, porque sé que mi lucha es allá. Lo importante es denunciar los hechos y la persecución que sufren personas menos visibles que yo”.
Apoyo internacional y memoria de otros líderes
Su viaje a Ginebra, parte de una gira europea, cuenta con el apoyo de las Brigadas Internacionales de Paz, ONG que protege a activistas amenazados. La visita coincidió con la muerte del líder indígena miskito nicaragüense Brooklyn Rivera, quien estuvo en desaparición forzada dos años y medio. “Nuestra aspiración, cuando comenzamos la lucha por la justicia para mi madre, era que estos crímenes no se repitieran, pero lamentablemente se siguen dando por los grandes intereses en los territorios y porque no hay un reconocimiento a la existencia de nuestros pueblos”, concluyó Zúniga.
